Vuelva usted mañana, o mejor dentro de 28 meses, es lo que dicen al trabajador que busca amparo en los juzgados de lo social de Mallorca.
Dos años y cuatro meses, con la que está cayendo, es lo mismo que decir nunca. En ese tiempo pueden pasar muchas cosas que dejen la sentencia futura en papel mojado. Puede morir alguien, Dios no lo quiera, puede quebrar la empresa o quizá te veas forzado a malvivir de la caridad ajena.
Si uno acude a un juzgado de lo social no lo hace por deporte o para pasar el rato: demanda, o es demandado, porque existe un conflicto solucionable por un poder judicial independiente y sometido al imperio de la ley.
¿Cómo vamos a confiar en la Justicia si nos cita a años vista? La Administración Judicial siempre ha sido la hija maltratada del Estado, nunca ha recibido medios ni personal para dar una respuesta eficaz y rápida a tantos desmanes que enturbian la sociedad.
Pero una cosa es un retraso de meses, incluso de un año, y otra bien distinta son aplazamientos de más de dos años.
No hay dinero, alegará el todavía novato ministro de Justicia. No existe voluntad, replicarán los jueces, a los que les llegan las airadas quejas de los ciudadanos.
Ser justiciable en Mallorca ha pasado a ser sinónimo de aspirante a perpetuidad a una sentencia, al menos en lo social.
La crisis se ceba en los más débiles y no hay prisa en atender sus reclamaciones. La justicia laboral no crea negocio.
