Aun año de las elecciones generales, Mariano Rajoy asume que la recuperación económica del país que se encontró al borde de la quiebra no alcanza para revalidar dentro de un año una mayoría absoluta como la que consiguió en 2011 (once millones de votos y 186 escaños). Ante las incertidumbres que vaticinan las encuestas, el PP se enfrenta al reto de recuperar tres millones de votos a seis meses de la prueba de fuego de los comicios autonómicos y locales de mayo.

La corrupción y la gestión de la crisis catalana han arruinado los planes del presidente, que había previsto despegar en enero con la bajada de impuestos, el crecimiento económico y la creación de empleo aunque el paro siga en cotas históricas. Las críticas internas culpan a Rajoy de desaprovechar un trienio de poder sin precedentes.

Incinerado su programa electoral, el PP cerró filas con su presidente para apurar durante los dos primeros años de legislatura el trago amargo de la subida de impuestos, la reforma laboral, la reducción salarial para los funcionarios, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y los recortes en sanidad y educación mientras se dedicaban decenas de miles de millones a salvar la banca.

Superado el riesgo de intervención, España retorna a la senda del crecimiento, la prima de riesgo deja de ser una amenaza y la creación de empleo supera la media europea (en el último año hay medio millón menos de parados). Pero esa mejoría sigue sin ser percibida por las familias, en tanto que la falta de futuro empuja a los jóvenes a la emigración.

El abatimiento se apodera de los españoles: ocho de cada diez se declaran decepcionados y ven al Gobierno incapaz de remontar la situación. Entre los populares se extiende la creencia de que el discurso de los logros económicos del presidente no sirve por sí mismo para recuperar la confianza de los votantes que se inclinan por quedarse en casa.

En este clima, la irrupción de Podemos en las elecciones europeas amenaza con barrer el bipartidismo. En vez de remontar, la caída de los populares en los sondeos se acentúa en los últimos meses hasta el punto de que el hundimiento socialista ya no sirve de consuelo.

Por fin, el partido del Gobierno ha visto las orejas al lobo de la corrupción, el segundo problema para los españoles, tras el paro. Las tarjetas negras de Caja Madrid con Rodrigo Rato en el epicentro, la red Púnica de adjudicaciones municipales liderada por Francisco Granados (exnúmero dos de Esperanza Aguirre) y el caso de los viajes privados del presidente extremeño a Canarias a costa del erario público disparan las críticas en el PP contra la cúpula que encabeza Mariano Rajoy por la falta de mano dura y su tardía reacción.

Los intentos de Rajoy de transmitir mensajes de optimismo y esperanza se han visto arruinados por la irrupción de estos nuevos casos mientras se mantienen vivos los de Gürtel y Bárcenas. El hedor de los escándalos como los protagonizados por Iñaki Urdangarin y Jordi Pujol y familia, además del caso de los falsos expedientes de regulación de empleo de Andalucía, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el Tribunal Supremo, han disparado la indignación entre la población.

Los planes del presidente eran sacar a España de la crisis en sus tres primeros años de Gobierno y centrarse durante el último en vender la recuperación para volver a ganar las elecciones. Frente al discurso oficial, las voces criticando la falta de reflejos ante la corrupción y el desafío independentista en Cataluña no han hecho más que crecer. Desde las filas populares se achaca a la inacción del presidente y a su falta de contundencia que Artur Mas consiguiera burlar la suspensión del referéndum por el Tribunal Constitucional celebrando un simulacro de consulta el 9N.

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo, representante del ala dura, no ha dudado en pedir la dimisión de Rajoy por el "desamparo ante el silencio de un Gobierno" sin plan B y paralizado por las imágenes de la votación independentista. La revelación de que el presidente había tenido a su asesor demoscópico, Arriola, negociando durante meses con un interlocutor de la Generalitat no hizo más que añadir leña al fuego de la frustración entre los conservadores.

Desde Australia, el jefe del Ejecutivo reconoció su error y, acto seguido, anunció un viaje a Cataluña, donde este sábado desvelará sus nuevas propuestas para desactivar el desafío independentista en esa comunidad autónoma. Antes de estos episodios, Rajoy ha tenido que lidiar con la crisis a raíz de la excarcelación de sanguinarios etarras tras ser derogada la doctrina Parot por el Tribunal de Estrasburgo. La herida abierta en el flanco de las víctimas del terrorismo supuso la marcha de históricos del ala más conservadora del PP.

Recientemente, la retirada de la reforma para recortar la ley del aborto de Zapatero acabó con la primera dimisión de un ministro de Rajoy, la del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Toda una afrenta que ha puesto en pie de guerra contra el sector más duro del partido, que no perdona a Rajoy "la traición" de haber renunciado a una promesa electoral siguiendo las advertencias de su asesor Pedro Arriola a propósito de los altos costes electorales de seguir con el proyecto.

Los allegados a Rajoy admiten que el presidente está preocupado pero no desanimado. Convencido de que repetirá victoria en las generales, aunque sin mayoría absoluta. Confía para ello en la fragmentación de la izquierda, más acusada con el fenómeno de Podemos, y en la ruptura de UPyD y Ciutadans. El plan de Rajoy es el de Arriola: un Gobierno a la italiana, a lo Renzi.