Aunque Torres-Dulce intente desdramatizarlo, el llamado "motín" unánime de los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es relevante y traerá cola apenas baje la marea. La querella contra Artur Mas, su vicepresidenta y una consejera, a iniciativa de la Fiscalía General del Estado por cuatro presuntos delitos derivados del 9N, pudo diluirse en los meandros del procedimiento. Pero ya es un hecho procesal elevado a categoría en el ingrato culebrón secesionista. La unanimidad en la pertinencia de la querella dentro del máximo órgano de gobierno de la fiscalía del Estado, y el desentendimiento de la negativa de los del TSJC por parte de los más de 300 fiscales que operan en los tribunales catalanes, ha suscitado alarma en la sociedad española, que dirige su mirada inquisitiva a la instrucción de la querella y espera resoluciones que no huelan a paripé.

El argumento de Torres-Dulce sobre pluralidad y libre debate en el seno del ministerio fiscal no es fiable. Llama la atención el que, de los miles de fiscales españoles, solo nueve, "casualmente" ubicados en el ojo del huracán, hayan discrepado de la posición de su cúpula, que todos sabemos jerárquica. Parece la materialización de algo tan extravagante como lo que vienen pidiendo los dirigentes separatistas, e incuso muchos opinadores contrarios al proceso: superponer las soluciones políticas a las jurídicas cuyo único techo es el de la ley. ¿Cómo hay que entender el seguidismo de esta ocurrencia? Si la ley que materializa el derecho a la Justicia no vale, procede cambiarla democráticamente, nunca saltarla por conveniencias accidentalistas. Es obvio que el solo hecho de pedirlo entraña un peligroso desprecio de la ley como trasto prescindible cuando conviene.

Otra cosa es la imaginación y la valentía de encontrar legitimidad política en la garantía jurídica de las leyes, cuya exégesis abona en ocasiones una postura y su contraria. Si no basta esa flexibilidad y sus posibilidades casuísticas; y si las interpretaciones jurídicas solo despiertan decepción más dialéctica que racional estaremos siempre ante un discurso maniqueo cuya superación requiere duplicar el esfuerzo de lealtad a las leyes o la convicción en la necesidad de cambiarlas. Es muy probable que los nueve fiscales catalanes sufran las consecuencias de su negativa infecunda. Pero lo más importante, incluso más que la querella, es resituar el asunto catalán en términos legales y racionales que garanticen soluciones satisfactorias a medio o largo plazo. Puede ser muy duro para quienes se sienten expulsados de España por aplicación de las leyes y no logran convencer a nadie de que Cataluña es suya y solo suya. Gústeles o no, patentizan su desgaste por corrupción del primado de la ley. Quién sabe si es ésta la estrategia del rey del silencio: el enigmático Rajoy.