Lo que hoy nos parece normal, como la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, no se consiguió hasta el Siglo de las Luces, el XVIII, gracias a los estudios y creación de Montesquieu dirigidos a conseguir la libertad del hombre y su protección frente al Estado. El poder judicial es libre e independiente. Consiste en aplicar la ley a los casos que se le someten. En la antigüedad tenía una función divina, ya lo he expuesto otras veces. Zeus, el padre de todos los dioses, era el que administraba justicia.
Hoy en España, después de haber dejado en suspenso 1.300 jueces y magistrados, hace menos de un año por el ministro de Justicia, contamos con 4.652, es decir, diez por cada 100.000 habitantes. En Alemania cuentan con 24,5 por igual número de habitantes. No deseo con estos datos proporcionar al lector lo que, si le interesa, puede encontrar por internet, sino destacar su significado. Hoy la ciudadanía está escandalizada por los casos de corrupción y por aquellos de igual clase que llevan años y años sin resolverse, lo que es lógico si se piensa que sólo contamos con diez jueces por cada 100.000 habitantes, menos de la mitad que Alemania. Incluso he oído que la clase política no quiere dar medios a la judicatura para que resuelva los asuntos que se le plantean, sobre todo los de orden penal, para que estos se eternicen en casos de corrupción.
Pero las cosas negativas llega un momento que explotan. Recuérdese las huelgas de los obreros cuando se bajan los salarios o cuando éstos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas; o incluso la revolución. Así ha ocurrido con la Administración de la justicia. La Asociación de Jueces para la Democracia ha presentado en la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo contra el ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, que tiene por objeto que se solvente la carga de trabajo (imposibilidad de resolverlo).
El que suscribe lleva más de 54 años ejerciendo la profesión y puedo asegurar que esos mismos años estoy reclamando más medios para la justicia. Se decía y con eso bastaba, que la Administración de justicia era la hermana pobre de los ministerios, pero hoy, como era de esperar, ha explotado el problema y el Gobierno debe superar la cuestión, cosa que no es fácil, pues si se triplicara la plantilla de Jueces, éstos primeramente deben ganar unas oposiciones difíciles y después se deben formar en la escuela judicial varios años.
Sobre los años 70 llevé un asunto en Portugal que tardó tanto en resolverse que ya no interesó a mi cliente. En esa nación tuvieron que estampillar abogados para que ejercieran de juez, debido a la falta de esos profesionales. Pienso que en la actualidad los 1.300 jueces sustitutos y magistrados suplentes que el señor Gallardón suspendió, deberían ser incorporados de nuevo a la sindicatura, muchos de ellos llevaban hasta veinte años ejerciendo, para paliar en algo la situación denunciada por Jueces para la Democracia con los que me adhiero.
* Exdecano del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB)
