Pasados unos días desde la consulta participativa de Cataluña en torno a la independencia (y que contó con cerca de 1.9 millones de votos favorables a la secesión), se ha evidenciado algo que empieza a señalar la prensa extranjera: pese a la firmeza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el sentido de que no piensa permitir una consulta de autodeterminación en Cataluña, la solución al conflicto no llegará por la vía judicial sino, precisamente, por la vertiente política. Así lo ha explicitado The Economist, el último en apuntarse a la petición de un "referéndum a la escocesa".

En ese sentido, si se acaba presentando una querella por presunto de delito de desobediencia contra el presidente catalán, Artur Mas, aunque sea comprensible ante la atribulada situación del partido en el Gobierno (azotado por la corrupción; sin percepción de mejora por parte de la población -pese a los buenos datos macroeconómicos-; con la amenaza de Podemos y el acecho del ala derecha del PP, reacia a cualquier negociación con Mas), solo contribuiría a alejar más a los catalanes que han empezado su desconexión con el resto de España, mientras elevan al "martirio" a un Mas al que se lleva dando por muerto desde hace dos años.

En el momento actual del conflicto y ante el reforzamiento interno logrado, el presidente catalán recupera la iniciativa: puede optar por agotar la legislatura hasta 2016 (y esperar a cambios de mayorías en España, que permitan la celebración de un "referéndum definitivo"- Íñigo Errejón, ideólogo de Podemos, así lo ha dejado entrever) o podría adelantar las elecciones, en febrero, que serían plebiscitarias/constituyentes hacia el nuevo "Estado catalán" (tal como pretenden los sectores más independentistas en Cataluña). De ser así, entonces sí empezaría el tantas veces anunciado choque de trenes.