Pedro Sánchez y Susana Díaz se libran momentáneamente de expulsar del partido a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, porque en la causa abierta contra ellos por el Tribunal Supremo solo son "imputados provisionales". Esta calificación acaba de entrar en el frondoso campo semántico a que ha dado lugar la figura procesal del imputado, que no es procesado pero tampoco deja de serlo en el proceloso mar de los indicios y las sospechas. Lo increíble es que después de tantos agravios, desmentidos y matizaciones, siga ese vocablo vigente en el procedimiento, sin que nadie haya podido suplirlo por una denominación menos evocadora de la presunción de culpa. Pero no sería extraño que la "provisionalidad" de esta imputación de los dos exministros y expresidentes de la Junta de Andalucía vaticinase una rápida y plena exculpación.

Angel exterminador de socialistas y ugetistas andaluces, la juez Mercedes Alaya se ha visto desposeída de la potestad de elevar suplicatorios al Congreso y el Senado para poner a dos peces gordos en la rampa imputatoria. Contra su voluntad, la instrucción del caso de los ERE ha sido dividida en tres piezas. La que atañe a aforados nacionales ya sale de su jurisdicción. Mala cosa. La clase política ha mutado en raza superior y dispone de un escudo contra la intrepidez justiciera de los jueces de a pie, otro para viajar a su gusto y a cargo nuestro sin la elemental obligación de rendir cuentas, y otro, en fin, para situarse más allá del bien y del mal cuando se autoadjudica salarios de cine mientras aprueba reformas miserabilistas de los salarios ajenos. Más dura será la caída cuando todo esto retorne al estado de la razón.

Si son inconsistentes los indicios contra Cháves y Griñán, que los exculpen definitivamente, faltaría más. Puede que no, pero la intervención de la Fiscalía instando al Supremo a tomar riendas sin más rodeos, parece encaminarse al sobreseimiento y el archivo. La juez que ya ha dictado casi trescientas imputaciones en cientos de miles de folios y legajos no degustará la victoriosa culminación del caso con dos presuntos de primer nivel. Será el mal menor. El que ya está consumado es el del escepticismo ciudadano ante una acción judicial desbordada en manos de una sola juzgadora, exasperantemente lenta y, por ello, ontológicamente injusta. Uno de los cambios más urgentes de este atormentado país ha de ser ése: agilizar el procedimiento y evitar al común las pesadumbres irresueltas "así que pasen veinte años"...