E l modelo social y económico que ha caracterizado la convivencia y ha definido a las últimas generaciones, tanto en España en general como en Balears en particular, se está resquebrajando. Los patrones de bienestar colectivo que parecían consolidados experimentan ahora una debilidad que está poniendo en peligro muchas cosasy abriendo un horizonte de incertidumbre sumamente inquietante.

No es una exageración fruto de una crisis o una carencia puntual. Es una dramática situación que muchos residentes en Balears padecen en sus propias carnes y que, por si quedara alguna duda, confirman y describen con precisión los estudios y evaluaciones de sociólogos y técnicos en la asistencia social. El último, divulgado esta misma semana, lleva la firma de una Cáritas desbordada en cuanto a demandas de asistencia y echa por los suelos los tópicos de bienestar y bonanza económica que hasta hace poco han caracterizado a Balears.

El informe Foessa, elaborado por esta entidad de la iglesia Católica, saca a la palestra unos datos de suma gravedad. Confirma que tres de cada diez isleños, más de 300.000 personas, han entrado ya en situación de exclusión social. Unas 130.000 se incluyen en la exclusión severa (11,7%), y 176.000 en la moderada (15,8%). Además, otros 450.000 (41,9%) corren el riesgo de caer en ella por su precaria integración.

Hablamos de ciudadanos de pleno derecho, con nombres y apellidos, pero sin trabajo o en precariedad laboral, que han agotado sus recursos y no logran hacer frente a las necesidades básicas propias o de los familiares que tienen a su cargo. Las desigualdades han crecido hasta el extremo de que ya está siendo muy difícil el desarrollo de las clases medias. Es la desorganización, casi plena, de lo que hasta hace poco se tenía por una estructura social consolidada y propia de Balears. Sólo el 30% de la población, unos 340.000 habitantes, se sitúa en el ámbito de la integración plena, cifra que en el conjunto de España sube hasta el 34%.

Uno de los aspectos más llamativos y preocupantes del estudio de Cáritas estriba en la circunstancia de que las exclusiones establecidas en este archipiélago superan con creces la media de toda España, llegando a incrementar incluso las de otros países que, en teoría, han sido máscastigados por la crisis, como en los casos de Portugal o Irlanda. Son datos reveladores que cuestionan en profundidad el actual modelo productivo de Balears y los cánones que han atribuido solidez a su economía. Significa también que la crisis, lejos de ser pasajera, ha venido para quedarse y fomentar la precariedad. Será así mientras no se logre dar con fórmulas de desarrollo más equitativas y solidarias. De lo contrario, se seguirá incrementando la distancia entre un sector con gran nivel económico, que cada día goza de mejores dividendos, y un enorme y creciente colectivo social al que, como también advierte el informe de Cáritas, el sueldo no le alcanza para atender a los gastos domésticos corrientes.

Pero los expertos advierten, por otro lado, que la pésima situación actual no se explica únicamente por la coyuntura económica de los últimos años, sino que se entronca en la carencia de un modelo social que ya exhibía sus bolsas de pobreza en tiempos de bonanza. La realidad que refleja el informe de Cáritas puede tener, si no se buscan soluciones viables, consecuencias en múltiples aspectos. Más allá de los dramas individuales, de las circunstancias durísimas que están viviendo cientos de miles de ciudadanos en un territorio como el nuestro, símbolo para muchos de la riqueza, el bienestar y el ocio, es inevitable pensar en la repercusión social y política que está propiciando. Muchos analistas sólo entienden la aparente normalidad, pese al panorama descrito por Cáritas, desde la perspectiva de una sociedad en la que la familia y la economía sumergida siguen siendo redes que amortiguan las situaciones límite y los consiguientes riesgos de conflicto social, sobre todo cuando son cada vez más los que se sienten excluidos de un bienestar cercano pero inaccesible.