La Justicia se ha vuelto rigurosa en materia de corrupción, y ello constituye un positivo síntoma de sensibilidad social. Es patente, por ejemplo, que, desde que ha arreciado el desfile de corrupciones, los márgenes de discrecionalidad de que disfrutan los jueces en la toma de decisiones se aplican con la mayor dureza posible en tales supuestos, que merecen tan gran reproche social. Hasta hace poco, las penas inferiores a dos años de prisión no se cumplían, pero que se cumplan o no depende del tribunal, que últimamente ha endurecido su criterio. A ello se debió el encarcelamiento del expresidente balear Jaume Matas o el previsible ingreso en prisión de la Pantoja.

Viene ello a cuento de que, en el caso de los EREs, y como es conocido, el alto tribunal ha decidido abrir causa contra los exdirigentes de la Junta después de que la Fiscalía le instara la semana pasada a indagar la intervención "directa o indirecta" de Chaves, Griñán y otros tres exconsejeros en el diseño del fondo de los ERE. El aparato probatorio de la instrucción de la jueza Alaya es frágil en lo que respecta a los dirigentes políticos involucrados en el caso, que en todo caso podrían haber contraído como máximo una responsabilidad in vigilando; la juez considera que "es imposible" que los sucesivos presidentes no supieran lo que estaba pasando, pero no ha aporta prueba alguna que soporte esta afirmación.

En estas circunstancias, los expertos aseguran que en otro tiempo el Supremo no hubiera aceptado a trámite la encomienda de investigar a estos aforados, al tiempo que el fiscal hubiese pedido el sobreseimiento. Pero en las actuales circunstancias, parece francamente probable que, cuando los dos expresidentes pidan declarar voluntariamente, el Tribunal Supremo termine llamándolos a declarar como imputados (así ocurrió en el caso de José Blanco). Después de todo, la imputación es una figura garantista que asegura que quien comparece ante un juez y puede terminar siendo acusado de algún delito lo haga acompañado de un abogado.

Pero las circunstancias son las que son, y la imputación por cuestiones de corrupción en la hora actual ha adquirido una relevancia política indiscutible que no puede obviarse. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, atentamente observada para conocer su reacción si se producen las referidas imputaciones, ya se ha curado en salud: "Si cuando comparezcan ante un juez se les imputa algún delito, a mi no me va a temblar el pulso", ha manifestado, en referencia a que les exigirá que renuncien a sus respectivos escaños (Griñán es senador y Chaves, diputado).

Así las cosas, una fuerte presión recae sobre los dos expresidentes andaluces: por lógica jurídica, es altamente improbable que su imputación progrese y desemboque en la celebración de un juicio y en la imposición de una condena; sin embargo, por la situación sociopolítica del país, la mera imputación es insoportable para un político, por lo que no podrán hurtarse a las consecuencias de semejante trámite procesal.

En estas circunstancias, lo lógico sería que los do expresidentes ahorren a su partido el mal trago que se intuye de las palabras de la presidenta andaluza y abandonen preventiva y voluntariamente la militancia en el PSOE de forma provisional, hasta que se sustancie el asunto. De esta forma, darían ejemplo de lealtad a su organización y a sus ideas.