El hecho de que, como se ha destacado, tan sólo fuesen a las urnas el 9N unos 2,25 millones de personas, una cifra que representaría el 41% del censo de las pasadas elecciones autonómicas (5,4 millones) si no hubieran votado también los adolescentes de 16 y 17 años y los inmigrantes residentes, no debería servir para minimizar lo sucedido más allá de lo razonable.
En efecto, los independentistas, poco más del 80% de los votantes en el "proceso participativo" del domingo „es decir, unos 1,8 millones, el 33% del censo, un número sensiblemente igual al obtenido en las autonómicas 2012„, apenas representan la tercera parte del cuerpo electoral, si hay que creer en los resultados de la encuesta/consulta con urnas que los propios soberanistas han organizado. Sin embargo, éste no es el único dato relevante que debe tomarse en consideración si se quiere enclavar con realismo la cuestión catalana.
Las elecciones autonómicas de 2012 arrojaron una clara mayoría parlamentaria absoluta soberanista „CiU, ERC y CUP, por si solos, ya lograron 74 escaños en una cámara de 135„, y las encuestas indican que hay un porcentaje muy elevado de ciudadanos que desean ejercer el llamado "derecho a decidir", que no necesariamente ha de vincularse al secesionismo. Además, los sondeos han evidenciado que existe una potente irritación, asociada a ese "derecho a decidir", de buena parte de la ciudadanía, que considera „con razón o sin ella, y a través de una amplia gama de tonalidades opinativas„ que el Estado ha maltratado a Cataluña. El sector más ilustrado de estos disconformes exhibe como argumento central la poda del Estatuto de 2006 llevada cabo por el Tribunal Constitucional después de que la ciudadanía catalana aprobase en referéndum la versión convalidad por las Cortes; el pueblo llano detecta algunas situaciones singulares agraviantes „es recurrente la mención a los abundantes peajes que existen en Cataluña„, exhibe las cifras del déficit fiscal „asunto en el que ha habido manipulación a veces pero que proporciona datos objetivos„ y repite con frecuencia las quejas que emiten los sectores nacionalistas.
Por resumir, podría decirse que hay dos problemas distintos, aunque no separables, entre Cataluña y el Estado: de un lado, un sector separatista, minoritario, quiere abiertamente la ruptura y desea llevarla a cabo cuanto antes; de otro lado, una clara mayoría muy cualificada de catalanes se siente maltratada por el Estado. Y esta descripción dual no tiene nada de subjetiva.
Así las cosas, la actitud pasiva y cerrada de Rajoy tiene sentido para abordar el problema del separatismo; con claridad, los actores de este sector „los partidos nacionalistas, CiU, ERC y CUP, y las organizaciones sociales, ANC y Òmnium Cultural„ no están dispuestos a negociar una mejor instalación de Cataluña en un Estado más abierto. Sin embargo, Madrid „las instituciones y el sistema de partidos„ sí tiene la obligación de tomar iniciativas potentes para satisfacer las demandas de la gran mayoría de catalanes „los dos tercios del censo de que ha hablado Rajoy„ que exige un marco institucional distinto, una revisión del Estado de las autonomías, un encaje en la totalidad más cómodo.
Frente a esta necesidad, Rajoy se ha limitado a sugerir que, efectivamente, cabe la reforma constitucional como medio para recomponer una relación hoy muy deteriorada, pero él mismo no quiere abordarla, e invita a los demás „¿al PSOE?„ a que efectúen propuestas. Tal actitud, proveniente del presidente de un gobierno que tiene detrás una sólida mayoría absoluta, es sencillamente incomprensible, porque está muy justificado el temor de que, si no se actúa con cierta urgencia, los catalanes airados que aún prefieren seguir en España terminen apoyando en su desesperación las tesis de la ruptura.
