El pasado día 5, dos días antes de hacerse público el auto de la Audiencia de Palma confirmando la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, cinco asociaciones profesionales de jueces y fiscales lanzaban un manifiesto de medidas contra la corrupción.

Jueces y fiscales comparten con el resto de la ciudadanía el hartazgo y estupor contra esa lacra, pero disponen de un observatorio privilegiado para hacer un diagnóstico más preciso de la situación y proponer los remedios oportunos.

"Máxima alarma social"; "riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho", desconfianza hacia el sistema democrático, son algunos de los efectos dañinos de las corruptelas denunciados por los togados.

Como medidas ineludibles las asociaciones de jueces y fiscales proponen la reforma de la Ley del Suelo, para acabar con los pelotazos y las especulaciones delictivas; que la financiación ilegal de partidos sea, de una vez por todas, delito; la dotación de medios adecuados a los funcionarios que luchan contra la corrupción, incluidos los judiciales; y mayor eficacia contra el fraude fiscal.

Pero lo más llamativo de la declaración es la denuncia contra los políticos que quieren controlar a los jueces, apoderándose antes del Consejo General del Poder Judicial y escatimándoles los medios para que éstos puedan investigarlos. Es algo ya sabido, pero es bueno tenerlo siempre presente.