El presidente de la comunidad valenciana, Alberto Fabra, ha sorprendido al personal con el anuncio -¿descabellado?- de que se propone crear una nueva televisión autonómica en la región.

Fabra se sabe débil. Primero, porque su propio partido le considera abrasado y está meditando sustituirlo por otro candidato en las próximas autonómicas. Y, segundo, porque las encuestas auguran al PP valenciano un pésimo resultado. No es, pues, extraño que trate desesperadamente de improvisar iniciativas para tratar de perdurar. Pero el dislate de resucitar el viejo monstruo puede suponerle la postergación definitiva.

Como es bien conocido, Canal 9 se cerró cuando acumulaba 1.300 millones de deuda, y cuando su desproporcionada plantilla llegaba a las 1.600 personas. El cierre no fue gratis puesto que costó unos 200 millones de euros. ¿Cómo puede sugerirse ahora, apenas un año después, que se pretende dar vida nuevamente a lo que se clausuró con tan altísimo coste? ¿Cómo puede pensar Alberto Fabra que la ciudadanía pasará por alto este disparate, que parece digno de un iluminado que ignora lo que significa gestionar el dinero público?