Últimas noticias de la Seguridad Social y sus cooperadoras necesarias las instancias judiciales españolas: el Tribunal Supremo deniega la pensión de viudedad a una mujer mallorquina que convivió durante 34 años con su pareja sin casarse ni apuntarse en ningún registro. El Tribunal Superior había fallado a favor de la reclamante, pero la Seguridad Social se molestó en recurrir la sentencia ante la siguiente instancia, que ha optado por dejar a la señora con una mano delante y otra detrás. Ahí va otra todavía más sangrante: Soledad Rebollar, la pareja del bombero palmesano Alejandro Ribas, fallecido en acto de servicio mientras sofocaba el incendio de un restaurante, no tiene derecho a pensión de viudedad, según la Seguridad Social y también gracias al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Ambos compartían vida y un bebé que la madre criará con su propio esfuerzo porque les faltó un papel y entonces la administración descarta hacer nada por ellos. Con toda seguridad, los criterios sociales que aplica el Estado a la hora de velar por el bienestar de los contribuyentes están más que periclitados. Y, una vez más, la justicia española se pone del lado de quien menos se lo merece.

Las mujeres que no se casan porque deciden libremente no hacerlo pierden derechos, eso es una verdad como la copa de un pino. Ellas y sus descendientes, que también han de apretarse el cinturón. De manera que bomberos, policías y otros profesionales de riesgo tal vez deberían pensárselo dos veces antes de responder a una llamada de socorro si conviven sin pasar por el registro o están en capilla. Pueden dedicarse a bajar gatos de los árboles o barrer los cuarteles por el bien de sus novias y novios, que a estas alturas de la vida, cuando hasta el papa Francisco ha dado la bienvenida a los divorciados y a los gays en su Iglesia, son ciudadanos de segunda. Imagino que existen casos iguales de discriminación de viudos sin papeles, y si no se producirán en breve porque nadie se molesta en cambiar unas normas superadas por la realidad. Que no te cases o te registres no te exime de pagar impuestos por la pensión que no percibirás. El desprecio de los gobiernos por los nuevos modelos de familia resulta clamoroso. Y rentable.

Puede que alguien sostenga que con esta crisis que ha dejado a tantos en la cuneta, la Seguridad Social no puede con todo. La caja está vacía. Vale, es un argumento creíble si prescindimos del latrocinio continuado de los púnicos, los bárcenas, los eres de Andalucía, los rescates bancarios y los gobiernos de Matas. Sin embargo, hay otra noticia que nos relata que Jordi Pujol, investigado junto a su familia numerosa por un montón de cuentas de dinero negro que presuntamente procedían de mordidas y negocio ilícitos, sí cobrará una jubilación del Estado. El político de 84 años percibió una pensión vitalicia de 86.400 euros entre 2003 y 2014 en su condición de expresident de la Generalitat, a la que renunció tras confesar que poseía depósitos millonarios de dinero opaco en Suiza. Rápidamente, la Seguridad Social ha salido en su auxilio y le ha reconocido el derecho a una retribución que superará los 1.700 euros mensuales. Qué vergüenza. Le deseo larga vida al anciano exmandatario. No podría soportar enterarme de que Marta Ferrusola percibe una buena pensión con cargo a mis impuestos, mientras mis conciudadanas viudas sin papeles son condenadas a sufrir para llegar a fin de mes.