Con toda probabilidad, el consejo de ministros de hoy acordará impugnar el 9N, es decir, la consulta alternativa que se dispone a celebrar el gobierno de la Generalitat, en uso supuesto de sus competencias en materia de participación política de la ciudadanía. Frente a voces que recomendaban una pasiva aquiescencia porque no había actos positivos que impugnar el equipo soberanista se ha cuidado de que haya decisiones administrativas recurribles, la abogacía del Estado propugnaba el recurso, y ayer emitía su informe el consejo de Estado que sin duda será tenido en cuenta por el Ejecutivo a la hora de acudir al Constitucional. Es posible que la impugnación se base en el conflicto de competencias la Generalitat se obstina en apropiarse de una facultad de consulta que tan sólo poseer el Estado o bien como incidente de ejecución del fallo del Constitucional sobre la ley de consultas y el decreto de la convocatoria el 9N, o con ambos argumentos a la vez.
Desde el punto de vista político, ha habido cierta polémica sobre la conveniencia de tensar o no más la relación con Cataluña mediante una impugnación. Aun sin que este asunto haya debilitado la unidad de fondo de una clara mayoría sociopolítica e intelectual en contra del secesionismo, una parte de la opinión se decantaba por permitir la farsa de la encuesta/consulta, una verdadera patochada sin el menor valor jurídico, sin censo y sin control alguno; después de todo, el espectáculo desacredita por sí solo la opción independentista ante al comunidad internacional.
Ciertas cautelas adoptadas por la Generalitat premeditadas sin duda con pueril malicia abonaban esta tesis. Que se hubiera mantenido si la convocatoria hubiese discurrido por cauces más festivos que reivindicativos. Pero la postura de los convocantes se ha endurecido y se ha vuelto en algunos aspectos inaceptable. De un lado, se ha presionado sobre los funcionarios públicos para que se presenten "voluntarios" a los organizadores de a consulta y faciliten los medios necesarios para que se produzca; quienes se han negado, por convicción ideológica opor cualquier otra causa, han debido plantarse con valentía, lo cual nunca es grato.
De otro lado, el gobierno de la Generalitat ha recurrido insólitamente a la ley audiovisual catalana para exigir por carta a las cadenas de radio y emisoras de televisión privadas de Cataluña para que emitan gratuitamente anuncios de la campaña informativa del referéndum. El artículo 82 de la mencionada ley dispone la obligación de los medios de transmitir gratuitamente los comunicados que el Gobierno catalán "estime convenientes por causas justificadas y de interés público"; con toda evidencia, una disposición pensada para el aviso de galernas y turbiones está siendo indecentemente utilizada para el adoctrinamiento político. Sólo una dictadura o un régimen populista se atrevería a semejante tergiversación.
Esta procacidad justifica sobradamente la reacción del Gobierno del Estado, que no debe tolerar se propague alguna sensación de indolencia frente a este desmán. A un desmán que tiene padres bien concretos y que no puede ser imputado a toda la sociedad catalana, puesto que las encuestas disponibles demuestran que hay más catalanes en contra de que se celebre este sucedáneo de consulta que a favor. Como hay conviene recordarlo, para que el dibujo quede bien enfocado más catalanes que se sienten también españoles que catalanes que tan sólo se hallan en esta única identidad.
