Aún suponiendo, tras hacer acopio de ingentes cantidades de credulidad, que el Gobierno pretende activar una agenda para regenerar el sistema, que es lo que proclama Mariano Rajoy, nos topamos con que el diagnóstico y, por lo tanto, la terapia, no es el adecuado. No es plausible combatir un tumor maligno recetando paracetamol. En esas estamos después de atender lo que el presidente dijo en Galicia. Rajoy, además de reiterar que quiere la elección directa de los alcaldes, con lo que si presuntamente pretende pactar, pactará poco, enfatiza que en dos meses, se ha de llegar a acuerdos sobre las pomposamente definidas medidas de regeneración. No se entiende, o deliberadamente se ignora, lo más probable, que el lugar al que hemos llegado no requiere analgésicos, sino una combinación de fármacos de similar potencia a la de la hondura de la crisis. Si Mariano Rajoy no acepta que la quiebra institucional asoma por el horizonte, quedamos varados; para soslayarla no existe otra receta alternativa a la de la reforma de la Constitución, no simples retoques, sino cambio radical. Y eso es lo que el presidente del Gobierno de ninguna manera aceptará. Así que vamos a pasarnos los quince meses que le quedan a la legislatura envueltos en una cansina retórica sobre el alcance de la regeneración, al margen de lo que pueda hacerse con la Ley Electoral.

Veremos titulares y editoriales que ensalzarán la "firmeza reformista" exhibida por el presidente; se dirá que la situación se ha enderezado, que "con el esfuerzo de todos", se ha entrado con "paso firme" en la senda del crecimiento, que éste, acompañado de las propuestas de regeneración, permite contemplar con confianza el futuro. En los primeros meses de 1931 un medio de comunicación madrileño, "El Debate", diario católico y muy conservador (ochenta años atrás un medio de comunicación católico era por definición de derechas de toda la vida, casi como hoy), daba por superada la etapa crítica abierta después del "borboneo" por parte del rey Alfonso XIII del dictador, general Miguel Primo de Rivera. "El Debate" consideraba, en uno de sus editoriales, que el Gobierno de Su Majestad retomaba la senda constitucional, lo que permitía avanzar hacia la convocatoria de elecciones legislativas retornando a la situación existente antes de septiembre de 1923, fecha del pronunciamiento del militar golpista. Se supone que es ocioso recordar que apenas un par de meses después del tranquilizador editorial de "El Debate", al igual que similares de otros medios, se proclamaba la Segunda República, al día siguiente de unas simples elecciones municipales.

No es la primera vez que establecemos ciertas similitudes entre los primeros años de la década de los treinta del pasado siglo y lo que está aconteciendo, y una de ellas es la complacencia en la que se entretienen tanto los sectores gubernamentales como los medios de comunicación que les son propicios. No se repara en las señales de alerta que se vienen sucediendo. El mensaje es el de que las instituciones aguantan firmemente, que no se aceptará que nadie quiebre la legalidad y que la recuperación económica ha adquirido "raíces sólidas". El hecho de que en el campo de la izquierda esté avanzando velozmente una fuerza política que predica por encima de todo la necesidad de proceder al desguace del sistema no preocupa, más bien lo contrario: se ve con complacencia, al estimarse que la división en la izquierda garantiza la continuidad. La realidad puede ser otra: un sondeo publicado el pasado fin de semana ofrece un resultado demoledor, en el que el PP, obteniendo el 30 por ciento, se queda con la única opción de proponer a un alicaído PSOE, 22 por ciento, una gran coalición. Podemos obtiene un porcentaje similar. La suma de las diversas izquierdas llega al 50 por ciento. No es tranquilizador para quienes apuestan por la continuidad de las instituciones como si aquí nada hubiera ocurrido. Lo mismo que proclamaba el "beatífico" "El Debate" (es Miguel Maura quien así lo define en "Así cayó Alfonso XIII", ensayo que es muy conveniente leer), poco antes de que todo se fuera definitivamente al garete.

No hay duda de que Mariano Rajoy, concernido por los acontecimientos, obligado por el inicio de lo que será un larguísimo período electoral, ha querido dar por sentado lo contrario de lo que sucede: que controla la situación, que sabe lo que tiene que hacerse y que desea establecer un amplio consenso para aprobar las cosméticas reformas anunciadas. La de reducir el número de aforados es una de ellas, solo que para llevarla a cabo se necesita reformar los estatutos de autonomía y la canonizada Constitución, la que el presidente del Gobierno se niega a tocar. Cómo hacerlo. No se hará. Tampoco se alumbrarán las otras. No hay ni disposición ni tiempo para ello: entrados en período electoral, y en él estamos, no hay forma de sacar adelante propuestas que alteren sustancialmente el marco legal. Quién puede pensar que en quince meses se reformarán estatutos de autonomía y la Constitución para podar el número de aforados. El anuncio, dado a conocer por uno de los diarios gubernamentales, casi parece una advertencia a jueces y magistrados a fin de que moderen su celo inquisidor. Poco más.

Lo que sí puede fundir los plomos es la reforma electoral que airea Rajoy; de aprobarla, quedará expedito el camino para que quien venga después haga otras de mayor enjundia. Pongámonos en el caso de que en noviembre de 2015 emerge una mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados con un PSOE dispuesto, al haber constatado la ruptura del consenso constitucional con la reforma para la elección de los alcaldes y su precaria situación, a echar mucho lastre por la borda; nada podría argumentarse en contra por parte de la nueva oposición: se le diría que fue la primera en romper el consenso, y de ahí a un progresivo desmantelamiento del sistema solo hay un paso. No es una posibilidad absurda si previamente se rompe la regla básica de aprobar las reformas de calado, y las que atañen a las normas electorales lo son, con amplias mayorías, nunca unilateralmente.

Otro celebrado analista, que nunca deja de equivocarse en sus vaticinios, pronostica que en Cataluña no habrá el apocalíptico final anunciado por "el calendario Maya". Avisados estamos.