Las dudas sobre el proceso soberanista son un hecho cada día más extendido el Cataluña. La disputa entre sectores mayoritarios de CiU que no están dispuestos a transgredir la legalidad y el conglomerado más independentista -ERC, La Assamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural- que defiende el no acatamiento de las previsibles sentencias del Tribunal Constitucional contra el referéndum es la transcripción política de la pugna que se desarrolla subterráneamente en el seno de la sociedad catalana. De una ciudadanía que, con buen sentido, ha optado por no polemizar masivamente en la superficie del conflicto y a la vista de todos para mantener la paz social y no romper la convivencia civil, por lo que el debate se mantiene soterrado y con sordina.

El disenso es en cualquier caso palpable, y las encuestas lo ponderan con probable aproximación. El grupo mayoritario sigue siendo el de los ciudadanos que se sienten a la vez catalanes y españoles, y el núcleo de independentistas no alcanza ni de lejos el 50% de los sufragios. Aunque en el Parlament haya en la actualidad una clara predominancia declarativamente independentista, no es ni mucho seguro que en una hipotética consulta ganara el independentismo. Quiere decirse que es muy dudosa esta mayoría social de que alardean quienes exigen la consulta, vetada por una Constitución que no la permite. Como la francesa, la norteamericana o la alemana, pongamos por caso (el Reino Unido, como es sabido, no tiene Constitución escrita).

En esta coyuntura, la polémica CiU-ERC es especialmente cruenta porque CiU, que gobierna, sabe que con sus errores ha cedido ya la mayoría política a ERC, que domina la situación. Y Artur Mas, incapaz de asumir las consecuencias de negarse a romper la legalidad, mantiene la alocada carrera imposible hacia una consulta que -todo el mundo lo sabe- no se celebrará. La prensa catalana describe con minuciosidad entomológica cómo los funcionarios encargados de los preparativos intentan suplir la carencia del censo, que el INE no entregará, por los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), difíciles de gestionar. Cómo faltan todavía las cabinas para las votaciones, que ni siquiera han sido encargadas, al igual que las urnas, aunque está previsto que éstas sean confeccionadas por el Centro de Iniciativas para la Reinserción. Cómo se ha de buscar la colaboración de los ayuntamientos, al tiempo que se señalan locales alternativos por si las autoridades municipales no colaboran. Cómo se ha de planear todavía el voto por correo electrónico y en depósito -anticipado- que la futura ley preverá. Cómo aún no se han diseñado ni constituido las comisiones de juristas y politólogos propuestos por el Gobierno y el Parlamento que deben velar por el desarrollo de la consulta, sucedáneos de las juntas electorales centrales y provinciales€ Todo para nada porque, como bien saben los promotores de toda esta fallida organización, no cabe la menor posibilidad de que el poder Ejecutivo del Estado cambie de opinión y permita el ceremonial prohibido por la Carta Magna. Ninguna democracia toleraría un desplante a su Constitución.

¿Para qué, pues, esta aparatosa huida hacia delante, este absurdo viaje a ninguna parte? Con toda evidencia, para sembrar desorientación en la opinión pública, para que se extienda una frustración sobre la ciudadanía que, de buena fe, ha creído en las propuestas de sus líderes, y se descargue una gran inquina contra el supuesto ´enemigo´ que no ha hecho más que hacer cumplir la ley. Quienes actúan así, tan solapadamente, están contrayendo una gravísima responsabilidad con su propio pueblo. Y con la democracia, a la que deberán rendir cuentas cuando llegue el momento.