Suele decir Arturo Pérez-Reverte que en este país cualquier gilipollez tiene cabida, encuentra su espacio. E incluso algunas hallan su público, dispuesto a vitorearlas y hacerlas suyas para incorporarlas a su causa. Una visión un tanto pesimista que, sin embargo, hay que reconocer que a veces se ajusta perfectamente a la realidad. Porque una tiene la sensación de que en más de una ocasión nos sometemos a la dictadura de lo políticamente correcto, que no es sino otra forma de censura. Y lo hacemos de manera acrítica, sin reflexionar sobre ello, ni falta que nos hace. Sólo porque suena y queda bien. Aunque no se entienda un carajo de lo que realmente se quiere decir.
Viene esta reflexión porque hace unas semanas conocíamos que "el Govern realizó 412 actuaciones contra las expresiones machistas y en favor de la igualdad en 2013". Así, el titular de la noticia no parece tan descabellado. Lo interesante viene después: "Se detectaron 286 impactos de género en las leyes, decretos y normas elaboradas por las administraciones isleñas". ¿Impactos de género? Una acude rauda y veloz al diccionario, que define impacto como golpe, choque o efecto de una fuerza o un acontecimiento. El género se refiere a la clase a la que pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma y, generalmente solo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre (es decir, masculino, femenino y neutro). Por tanto, deberíamos deducir que las palabras masculinas, femeninas o neutras causan un choque o un efecto en las leyes y normas de Baleares. Una sospecha que más bien pretenden referirse al sexo, o "condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas". En este caso, de las personas afectadas por la legislación.
Y es que, por si no lo sabían, nuestros textos están plagados de expresiones machistas, que ahondan en las situaciones de desigualdad de las mujeres frente a los hombres. Porque una de las rectificaciones más habituales que tuvo que hacer el Institut de la Dona es que "en las normativas inscriben los cargos con expresión masculina: ´El titular de la conselleria...´. Cuando lo correcto debería ser: ´La persona titular de la conselleria...´. De igual modo, se rectifica de forma habitual nomenclaturas en género masculino. Es el caso de ´profesor´ para referirse al profesorado, hablar solo de ´funcionarios´ y no de ´funcionarias´, incluir en una norma o documento oficial ´el interesado o el beneficiario´ en vez de ´la persona interesada o la persona beneficiaria´, entre muchos otros ejemplos".
Dice José Antonio Marina en La selva del lenguaje que nos podemos malentender usando el mismo idioma y podemos comunicarnos utilizando lenguas distintas. Todo depende de si existe un proyecto de entendimiento que vaya más allá del lenguaje. Para el filósofo, la comprensión entre las personas es una exigencia ética en las sociedades democráticas, más allá de fenómenos psicológicos y lingüísticos. Pues bien, si vamos más allá del lenguaje resulta difícil imaginar a hordas de machistas redactando un preámbulo o un título escribiendo "funcionarios" porque la mujer debe quedarse en casa cuidando a los niños y haciendo sus labores en lugar de trabajar para la administración. Más bien una tiende a pensar que escriben "funcionario" o "beneficiario" porque usan el género no marcado, el que incluye. Que en castellano es el masculino. Y que, por consiguiente, se refiere a hombres y mujeres. Es más, incluso sería de suponer que lo hacen, como la mayoría de hablantes del mundo en casi todas las lenguas, por una cuestión de economía. Excepto en el lenguaje literario, el ser humano tiende a decir las cosas en dos palabras en lugar de en tres si eso es posible.
Así que, como mujer, una no se siente discriminada si la engloban en la palabra ciudadano, votante, o miembro. Como la mayoría de hombres no se espanta de formar parte del colectivo de periodistas, deportistas o pediatras. Porque si tuviéramos que recurrir a aquello de "miembros y miembras", los que trabajamos con el lenguaje como principal herramienta tendríamos un problema. Necesitaríamos el doble de papel, o de tiempo de televisión y radio, para contarles esencialmente lo mismo. O misma. Si en verdad consideramos la comprensión y la comunicación entre individuos un deber ético, podremos pasar a ocuparnos de aquello realmente importante. Que es que una de cada tres personas en España se muestra tolerante hacia ciertos comportamientos de violencia sexista, como el control del agresor a la víctima o las amenazas verbales, según un estudio realizado el año pasado por la Universidad Autónoma de Madrid. Y podremos dedicar los escasos recursos públicos disponibles a pisos de acogida para mujeres maltratadas, o guarderías que faciliten la conciliación de las féminas trabajadoras. En lugar de ofuscarnos en el género tonto.
