Ha mantenido siempre la misma tesis, pero ahora José Ramón Bauzá puede afirmar, con todas las de la ley, que es un president, un farmacéutico y un administrador compatible en tales funciones. Otra cosa, no sujeta a valoración judicial pero sí a criterio moral y a análisis político y cívico, es el determinar si el liderazgo ejecutivo de esta Comunidad, en época de convulsiones, necesita un president con dedicación exclusiva y peleado con el descanso.

El Tribunal Superior, en su sala de lo Contencioso-Administrativo, resolviendo una demanda planteada por PSOE y Més, ha fallado a favor de la compatibilidad entre los negocios privados y el ejercicio de la presidencia del Govern por parte de José Ramón Bauzá. Lo hace, básicamente, amparándose, en el hecho de que el demandado nombró a un sustituto para que se pusiera al frente de la farmacia y porque entiende que, de lo contrario, ningún profesional podría tener acceso al ejercicio de cargo público y en consecuencia, se negaría la igualdad de oportunidades frente a tal aspiración. El tribunal admite, sin embargo, que entra en franca contradicción, hasta el extremo de trastocar la jurisprudencia establecida por la misma sala, cuando en 2008 declaró incompatible a la exconsellera socialista de Salud, Aina Salom, por regentar una farmacia. De los cinco magistrados que conformaban el tribunal, dos, entre los que se encuentra el presidente, han emitido un rotundo voto particular en contra del fallo mayoritario.

Con tal resultado de conjunto topamos con un veredicto que resuelve con claridad la cuestión legal que es propia del órgano judicial emisor del fallo, pero que, por contra, no despeja las dudas reales sobre la afinidad entre cargo y negocio de Bauzá. El tribunal se ha percatado de que el president es a su vez titular de un patrimonio económico que le genera beneficios pero no ve en ello causa determinante de incompatibilidad. La valoración de los conceptos se ha vuelto definitiva en una resolución que se adentra en el peliagudo terreno de la interpretación de intenciones del legislador.

El tribunal debe concluir, no legislar, puntualiza Pablo Delfont en su voto particular redactado, en buena parte, al amparo de la "confusión de intereses" que ha detectado en el comportamiento del president. Gabriel Fiol, el presidente de sala discrepante, ve clara la incompatibilidad porque entiende que "no se garantizan la imparcialidad y objetividad de los intereses generales".

La oposición se sitúa ahora en la "discrepancia respetuosa". No recurrirá. Emite su propio fallo declarando a Bauzá "incompatible con la ciudadanía". El PP, por boca de Cabrer, pide rendición de cuentas en forma de disculpas y el propio Bauzá insiste en pasar por víctima ejerciendo otra vez como opositor de la oposición que le "daña y mancilla". Limita el asunto a una especie de afrenta deportiva de la que ha resultado vencedor por resolución arbitral. No era eso. Era actuación consecuente y transparente. ¿Se ha clarificado?