El próximo miércoles día 7 tendrán lugar las elecciones en el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) para renovar la junta directiva. Opta a la reelección el actual presidente, el doctor Antoni Bennàssar, frente a una candidatura alternativa que encabeza el doctor José Segador. A pesar de la discreción que suele acolchar el evento, en esta ocasión se han conocido dimes y diretes que a mi juicio no hacen sino justificar más, si cabe, las dudas que muchos albergamos sobre la pertinencia de la mencionada corporación.
En días pasados se conoció que el doctor Bennàssar (AB) había aprovechado la estancia en Mallorca de un especialista barcelonés, con ocasión de un congreso, para que operase a su hijo en el Hospital de Inca, donde el todavía presidente es jefe del servicio de Traumatología. Ignoro de dónde partió una noticia que, con independencia de la mayor o menor legitimidad del hecho, le hace flaco favor. Pero así son las cosas cuando el poder, aunque chiquitín y gremial, apetece a más de uno. Lo cierto es que AB, con trayectoria en el Partido Popular (concejal hace unos años en el Ayuntamiento de Consell), fue también sujeto de denuncia por parte de su oponente hace cuatro años, García Romanos, a quien superó por 37 votos. Un remedo de lo ocurrido tiempo después, aunque a otra escala, en Venezuela, entre Capriles y un Maduro que finalmente se llevó el gato al agua como en este caso AB.
En pocos días el resultado electoral, sea cual sea, no hará sino remozar o confirmar los cargos en una institución de utilidad cuestionable para un amplio sector, sostenida merced a las cuotas de médicos colegiados porque no les queda otro remedio y cuya participación, para la mayoría, se reduce al abono mensual sin contrapartidas suficientes que lo justifiquen. De hecho, la obligatoriedad de estar colegiado para el ejercicio profesional constituye una excepción al principio constitucional de libertad de asociación, y así se consideró por parte de algunas autonomías (Asturias, Andalucía, Extremadura, Canarias); incluso en Balears se pronunció contra dicha imposición el sindicato médico (Simebal), aunque una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en 2013, haya refrendado la colegiación imprescindible.
No obstante, para muchas de las prestaciones que ofrece el colegio (seguros de orfandad y responsabilidad civil, servicios jurídicos€) existen alternativas; la formación profesional continuada se consigue por otros derroteros (sesiones en los centros de trabajo y en la Academia de Ciencias Médicas, congresos con frecuente financiación por parte de la industria privada€) y el colegio es igualmente ajeno a actividades de investigación clínica o básica. En cuanto a la función de velar por el correcto ejercicio profesional y ejercer en su caso la facultad disciplinaria, ello tiene lugar en los centros asistenciales públicos por otros mecanismos, de modo que, en todo caso, esa competencia quedaría restringida al ámbito de la sanidad privada.
Tal vez en estos tiempos, difíciles para garantizar una adecuada cobertura sanitaria y con evidentes lagunas por lo que hace a equidad y universalidad de la asistencia y prevención, los colegios de médicos podrían ejercer una efectiva labor de tutela, denuncia en su caso y presión corporativa, liderando el debate sociosanitario y comprometiéndose en la defensa de unos derechos ciudadanos en franco retroceso, lo cual, por cierto, será motivo de otra columna. Me estoy refiriendo a unas listas de espera, consecuencia de restricciones de horario y personal cualificado, que comprometen la salud e incluso la vida; a colectivos sin derecho a asistencia o a otros para quienes el copago puede resultar inasumible, a privatizaciones sin justificación de eficiencia€
Sin embargo, los colegios no se han distinguido por su compromiso con tales situaciones, sin que baste la ambigüedad de una esporádicas declaraciones (limadas para no entrar en colisión con el poder político, y por ende sin el consenso mayoritario de los profesionales) para frenar el deterioro. Se ha seguido, hasta aquí, en la dinámica tradicional y burocratizada a que nos tiene acostumbrados la corporación, y leer o escuchar que "nuestra gestión ha sido muy buena", que "hemos apostado por la facultad de medicina" o que la reforma de los estatutos será un objetivo prioritario, no contribuye precisamente a fomentar un cambio en la percepción sobre su operatividad y voluntad de implicación.
Esperemos que, a partir de la próxima semana, el ganador de las elecciones en ciernes se ponga las pilas. Porque ya conocemos hasta la saciedad el círculo vicioso que supone recaudar las cuotas para mantener una institución dedicada con preferencia a esa finalidad. Y poco más, si exceptuamos la gestión de un club para la tercera edad. Que está muy bien, no vayan a creer.
