El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha lamentado en unas declaraciones lo sucedido con el dinero de la formación de parados en la Comunidad de Madrid: ha asumido críticamente la ´desaparición´ de al menos 17 millones de euros en su región y ha reconocido que este capítulo del gasto público ha sido pésimamente gestionado en todo el país.
En efecto, se destinan al año unos 2.000 millones de euros a este fin, una cantidad que en un país con seis millones de parados no es excesiva sino al contrario. Y desde siempre es conocido que con ese dinero sindicatos y patronal, que se han encargado materialmente de los cursos de formación, han financiado también sus propias estructuras. Y, por lo que se ve „en Madrid„ o se adivina „en Andalucía„, también se han cometido abusos y, en casos concretos, verdaderos delitos de apropiación indebida.
Detrás de esta "mala gestión" hay a todas luces una gran incompetencia. Quien tiene a su cargo recursos públicos ha de obligarse a la máxima transparencia. Y el sistema „mediante los órganos fiscalizadores„ tiene el deber de llevar a cabo un escrutinio exhaustivo y convincente. Y sin embargo, aquí no se ha hecho ni lo uno ni lo otro. Lo que demuestra que hay que revisar tanto los mecanismos de gasto como los de intervención. Porque este régimen maltrecho no será una verdadera democracia mientras se siga distrayendo un euro que pertenezca al común de los ciudadanos.
