La propuesta fiscal de los "sabios" capitaneados por el catedrático Manuel Lagares pretende ser ideológicamente neutra aunque pueda ser calificada en un primer balance de conservadora, puesto que beneficia objetivamente a las rentas más altas, no enfatiza el papel redistributivo del sistema fiscal ni pone en cuestión el vigente statu quo.

Sin embargo, en materia fiscal han pasado los tiempos en que los dos grandes antagonistas ideológicos marcaban con esquematismo una posición muy radical en esta materia. Y hoy, la propia socialdemocracia ya no cree cerradamente en la virtud de los impuestos directos en detrimento de los indirectos, ni siquiera defiende la tesis de que la igualación fiscal pueda conseguirse exclusivamente mediante la redistribución fiscal, que, más allá de determinados límites, puede tener efectos confiscatorios y limitar severamente el desarrollo económico en perjuicio de la totalidad de los ciudadanos.

La moderna socialdemocracia europea y americana piensa que la equidad ha de provenir más bien de la igualdad de oportunidades en el origen que a su vez se logra mediante unos grandes servicios públicos universales, gratuitos y de calidad. La justicia social se procura, por tanto, implementando un régimen político capaz de prestar tales servicios, que configuran un estado de bienestar sostenible y durable. Y éste debe ser por tanto el objetivo del sistema fiscal: permitir con suficiente holgura la financiación de la sanidad y la educación públicas, la dependencia, los servicios sociales, el sistema de previsión, etc.

En la actual coyuntura española, con una tasa de paro superior al 25% y con los efectos de una destructiva crisis económica que nos ha hecho perder un 7% del PIB en cinco años (más el lucro cesante, es decir, el porcentaje que hubiéramos crecido si no hubiésemos estado en recesión), estamos experimentando un déficit de financiación, que ha provocado recortes inaceptables en los servicios públicos. Nuestra presión fiscal es del orden del 33%, inferior a la media europea, cercana al 40%, pero no es posible subir impuestos en este momento porque agostaríamos el incipiente crecimiento. Tampoco es posible bajarlos significativamente para crecer más deprisa porque no podemos mermar más las prestaciones públicas. Y es en este punto donde la propuesta de Lagares ofrece un camino plausible y razonable: más que incidir sobre la recaudación, que no cambia -bajan tarifas de irpf y sociedades pero desaparecen todas las bonificaciones-, propone una devaluación fiscal, que consiste en rebajar las cotizaciones sociales -incluso completando las pensiones con lo recaudado por otros impuestos- y en subir los impuestos indirectos. De este modo, al bajar lo que le cuesta al empresario el trabajo asalariado, se abaratarán los productos españoles, con lo que ganarán competitividad y podrán ser exportados más fácilmente. Y, asimismo, al subir el IVA, descenderán las importaciones.

El sector exterior es hoy la tabla de salvación de la economía española, que sólo muy lentamente verá recuperarse el sector construcción, que era su principal motor antes de la crisis por lo que necesita encontrar nuevos nichos de empleo en actividades de alto valor añadido. Porque la urgencia, hoy, es doble: sanear las cuentas públicas para sostener lo que queda del estado de bienestar y reconstruir sus flancos más dañados, y crecer a la mayor velocidad posible para reducir las tasas insoportables y castradoras de desempleo. Claro que la fiscalidad tiene un eficiencia limitada y habrá que hacer más cosas, pero es una herramienta que, al contrario de otros instrumentos como la política monetaria, sí está en nuestras manos y nos permitirá quemar algunas etapas en el camino de la recuperación.