Las fluctuaciones y crisis políticas, con dimisiones y relevo de cargos que han descompuesto por completo el pacto de gobierno inicial en el ayuntamiento de Capdepera, no son un resultado neutro o consecuencia de motivos estrictamente personales de sus implicados. Siempre hay un porqué. O varios. Y en ese caso, las presiones de intereses empresariales y económicos pueden haber acabado causando mella y desestructurando muchas cosas. Cuando menos, la sensatez de la hacienda municipal, que no es poco. Sobre todo, cuando se observa que se actúa a instancia de parte y estableciendo serios y caros agravios comparativos.

Un ayuntamiento capaz de perdonar por las buenas 12.000 euros a un contribuyente -ellos dicen que pueden reclamarlos hasta julio próximo- acumula directamente la sospecha y la duda sobre el conjunto de la actuación del consistorio. Sobre el gobierno que estrangula el concepto tributario y sobre una oposición que no sabe realizar o reniega de su función fiscalizadora.

Cap Vermell Beach declaró en 2012 que realizaría obras por valor de 32.400 euros en Canyamel. Pagó por ello tasas de licencia por un importe de 1.295 euros. Cuando la inspección municipal, cedida a una empresa, se presentó en el lugar de autos, comprobó y certificó que en realidad se habían invertido 329.306 euros a los que les corresponderían tributos por casi otros 12.000 euros. El afectado no ha tenido reparo en hacer llegar su malestar a la casa consistorial. El argumento no es nuevo: realiza grandes inversiones en el municipio y aporta puestos de trabajo. De la interpretación deducimos que se considera algo así como el gran mecenas municipal y que por tal condición se atribuye -y le han concedido- una abultada exoneración fiscal. ¿Conocen a alguien que esté encantado con los tributos que aporta? ¿No ejercen igualmente mecenazgo el pequeño carpintero y el asalariado y en cambio pagan o deben y callan?

Cuando el hecho ha trascendido, el Ayuntamiento se ha visto obligado a reaccionar. Dice que no ha perdonado nada. Admite los hechos y las quejas y aclara que está en condiciones de exigir la deuda a Cap Vermell Beach hasta el 24 de julio. Pero el expediente ya está reposando en el archivo.

En todo caso, se ha actuado mediante un procedimiento desconocido hasta ahora y que no responde a ninguna lógica de trámite administrativo como confirman cualificados técnicos municipales ajenos a la documentación de caso. Ya hay patente gabellina para la gestión de impuestos. Se fabrican a medida.

Todo se vuelve incluso más sospechoso desde el momento en que se descubren vinculaciones personales y laborales entre componentes del PSOE y la firma beneficiada. Tal como están las cosas y con trascendencia pública de por medio, lo más sensato sería activar la capacidad de rectificación. Y no sólo eso, sino el tomar precauciones para que cosas semejantes y aún menores, no vuelvan a pasar.