El caso de los ERE andaluces es sin duda uno de los mayores escándalos con trascendencia penal de nuestra democracia. Recursos destinados a mitigar los estragos del paro fueron a bolsillos particulares en una orgía de corrupción que nadie atinó a contener. Pero el desgobierno andaluz no se ha parado en este oscuro episodio que se está instruyendo: leo con asombro que los 756 millones de euros „una cantidad muy importante„ que la Junta de Andalucía invirtió en 2008 y 2009 en formación de parados se gastaron sin control alguno, al margen de las normas estrictas que regulan las subvenciones. Con gran tardanza, la Cámara de Cuentas andaluza, que ha realizado un estudio aleatorio, llega a la conclusión de que el 89% de las ayudas concedidas en 2009 se dieron "sin concurrencia competitiva", es decir, a dedo.
¿Dónde estaban la intervención del Estado y la propia Cámara de Cuentas cuando se derrochaba dinero a manos llenas sin garantía del recto destino de los fondos públicos? ¿Qué hacían mientras tanto los políticos/gestores de la comunidad andaluza ante esta irresponsabilidad gravísima, que también debería ser objeto de una investigación penal?
