Los cambios de posición y los virajes bruscos que está aplicando el Gobierno Rajoy sobre sus propias políticas económicas y sociales dejan, en la mayoría de los casos, malparado al administrado. Por lo menos este es su primer efecto. A largo plazo se auguran mejores venturas que todavía están por ver. Y que se hacen esperar en demasía. El último giro brusco, en el sentido indicado, se acaba de producir en el sector de la energía eléctrica y si se confirman las conexiones abiertas ayer, en cuanto a explicación pública, el recibo de la luz, a partir del próximo mes de enero, puede quedar expuesto al riesgo de electrocutamiento por el efecto directo que produce el cortocircuito del incremento de tarifa y la imposibilidad de afrontarla por parte de unas economías domésticas erosionadas ya en exceso.

Hasta ahora, el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, había apostado por mantener sin cambios la parte regulada de la tarifa eléctrica que depende del Gobierno. Sin embargo, ayer el Ejecutivo cambió el orden de conexiones y los enchufes de sus preferencias para acabar priorizando el movimiento de los mercados y con ello, directamente, el incremento del recibo de la luz que, para las denominadas tarifas de último recurso, la que se suele aplicar al pequeño consumidor, puede acabar significando un incremento del coste total de su recibo en más de un 5% a partir ya del mes de enero.

Es otra forma de recorte o, lo que viene a ser lo mismo, de sobrevaloración de servicios esenciales imprescindibles y básicos. Los mercados, inmisericordes y abstractos, han vuelto a salirse con la suya. Ahora, también en cuestiones energéticas, todo se valora al alza, todo excepto la salvaguarda de las necesidades del consumo doméstico elemental, ese que proporciona luz para la habitación, lumbre para la cocina y calor para el brasero. Es lo que a fin de cuentas importa, pese a las abundantes explicaciones técnicas y económicas que se proporcionan.

El Gobierno ha dicho que no piensa incrementar los peajes de 2014 pero, por otro lado, quiere amortizar el déficit de tarifa de 3.600 millones correspondiente a 2013. A ello añade todavía la previsión de un mayor impacto al alza en la subasta de energía que debe celebrarse mañana jueves. La tarifa eléctrica ya subió un 3,1% en la revisión de octubre y 1,2 de forma extraordinaria en agosto. Eso, sin contar los incrementos que ya se habían incorporado en el primer semestre del año.

Todo gira sobre los eufemismos ideados al amparo de la denominada tarifa eléctrica de último recurso y que ahora adquiere una nueva versión para llamarse precio voluntario del pequeño consumidor. Se forma a partir de tres componentes, el precio de la energía, los peajes de acceso y los impuestos. De no surgir nuevos cambios, en los próximos meses mandarán, directamente, los mercados porque el Gobierno dice que no va a tocar los peajes. En todo caso, la situación pierde muchos vatios de respeto al consumidor, tantos que hasta un Ejecutivo poco dado a esta labor, llega a plantearse si debe hacer algo en beneficio de quienes, estando en precario, no podrán hacer frente al recibo de la luz.