17 de diciembre de 2013
17.12.2013
Diario de Mallorca

Cataluña: una salida política

17.12.2013 | 06:30
Cataluña: una salida política

La suerte está echada: Artur Mas ha dado el paso decisivo de su huida hacia delante con el enunciado de la pregunta del imaginario referéndum y de la fecha de su celebración, y esta provocación al Gobierno y a la mayoría política, de las que depende la autorización para celebrar la consulta en el marco constitucional, representa la ruptura de puentes y el fin de toda posibilidad de una solución negociada del complejo y descomunal disenso que ha dado lugar a la radicalización soberanista.

La rotundidad de Mariano Rajoy, que ha encontrado en este punto el pleno e incondicional apoyo del principal partido de la oposición, negándose incluso a cualquier negociación sobre un plebiscito que ponga en cuestión la unicidad de la soberanía nacional, permite albergar pocas dudas sobre la inviabilidad del anuncio realizado por la Generalitat, inaplazable porque de él dependía el apoyo de Esquerra Republicana al gobierno minoritario de Mas y a los presupuestos catalanes para el año próximo. Podría decirse, pues, que el asunto es presa de un bloqueo jurídico constitucional de muy difícil salida.

Sin embargo, es claro que la negativa de Madrid no sólo no ha aliviado la tensión existente entre Cataluña y el Estado sino que la ha agravado, hasta el extremo de que podría tener razón el republicano Oriol Junqueras cuando dice que el Estado es un „involuntario„ fabricante de independentistas. Lo que conduce a la conclusión inevitable de que el bloqueo jurídico no puede desembocar en un bloqueo político. Más bien resulta urgente que, una vez emitida la negativa irreversible al unilateralismo secesionista, el Estado lance potentes iniciativas políticas que a).-desmonten la tesis de que ´España´ detesta y explota a Cataluña; b).-persuada a los catalanes de que es posible dirimir con el Estado el memorial de agravios pendiente de discusión hasta recibir los resarcimientos que proceda, y c).-convenza a todos de que cabe conceder a la Cataluña como parte del territorio español un encaje más cómodo y acogedor que el actual en el seno del Estado compuesto.

Cómo llevar a cabo esta tarea es cuestión controvertida, pero coincido plenamente con Javier Pérez Royo cuando dice que "la política exige, si no la celebración de un referéndum, sí que se abra camino a una fórmula distinta de la Constitución / Estatuto de autonomía para resolver el problema de la integración de Cataluña en España. Con base en la Constitución, no se me ocurre otra salida que la de la reforma de la Constitución [€] La sociedad española tiene que coger el toro de su articulación territorial por los cuernos e intentar resolverlo mediante la definición de la estructura del Estado en la propia Constitución".

En efecto, y como es conocido, el Título VIII de la Constitución recoge el procedimiento que ha de servir para erigir el Estado de las Autonomías pero no lo define ni mucho menos lo describe. Parecería, pues, lógico que la reforma constitucional avanzara hacia la definición de un nuevo modelo, más equilibrado y con gran coherencia interna, que no podría obtenerse más que avanzando en la dirección federal. Y habría que progresar atendiendo a las reclamaciones y a la voluntad catalana en algunos aspectos clave: límite a la solidaridad; nueva concepción del fondo de compensación interterritorial, que debería servir para el desarrollo y no para financiar gastos corrientes; establecimiento del principio de ordinalidad, etc.

En otras palabras, tras el órdago catalán, es el Gobierno del Estado el que debe tomar la iniciativa para cargarse de razón en su negativa a la consulta.

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