08 de diciembre de 2013
08.12.2013
Diario de Mallorca

La recentralización

08.12.2013 | 06:30
La recentralización

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), adscrita a la vicepresidencia del Gobierno, acaba de publicar las primeras 170 fichas de las 217 medidas para la reforma de la administración contenidas en el primer informe de dicha comisión, ya aprobado por el consejo de ministros, que incluyen la concreción económica del ahorro que supondrán las distintas actuaciones y su calendario de ejecución. En las fichas se concretan los ministerios, organismos, empresas y entidades afectados por la medida, tanto del sector público estatal como de las administraciones autonómicas y locales.

Así por ejemplo, en lo referente a la supresión de los defensores del pueblo autonómicos que propuso la CORA, la ficha de esta medida especifica que el coste de la tramitación por queja alcanza los 835,78 euros en el caso de las autonomías frente a los 414,19 euros del estatal. En efecto, en la Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Soledad Becerril, 165 personas tramitan las 33.849 quejas que recibió esta institución en 2012, frente a las 346 personas que, en las instituciones autonómicas, tramitaron 38.407 quejas. El ahorro estimado con la supresión sería de 30,1 millones de euros, resultado de eliminar el gasto que suponen las oficinas autonómicas „32,1 millones de euros„ y de incrementar el de la institución estatal para que pueda atender las quejas que reciben en dos millones de euros. La ficha estipula asimismo para la aplicación de esta medida un plazo de entre seis y 18 meses, en función de acuerdos entre el Estado y las autonomías.

No hay que ser un lince para entender que este informe „"Medidas de la subcomisión de duplicidades administrativas" se titula, y puede consultarse en la Web de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas„ es dinamita en el sistema de relaciones entre Cataluña y el Estado. De hecho, los medios catalanes han sido los únicos que han recibido con gran aparato „y con bien escasa simpatía„ esta lucubración gubernamental que materializa las sospechas de voluntad recentralizadora del Ejecutivo y que pretende eliminar instituciones que, en el caso catalán, han arraigado ya: el síndic de greuges (el defensor del pueblo autóctono), la Sindicatura de Comptes, el Centre d´Estudis d´Opinió (el CIS catalán), el Institut Cartogràfic o el Meteocat (el instituto de meteorología autóctono).

La racionalidad económica es sin duda un valor en cualquier sistema democrático, pero no el único, obviamente. Y en un estado compuesto, ciertas duplicidades son inevitables, entre otras razones porque en la Unión Europea rige, como uno de los criterios fundacionales y esenciales, el llamado "principio de subsidiaridad", según el cual un asunto debe ser resuelto por la autoridad (política, económica o normativa) más cercana al objeto del problema. Tal principio fue incorporado al acervo comunitario por el Tratado de Maastricht de 1992, incorporado luego al Tratado de la Unión Europea que fue modificado por el de Lisboa de 2009, que es hoy nuestra verdadera constitución europea. Tal principio, emanado por cierto del humanismo cristiano, se basa en el criterio de libre determinación de todos y cada uno de los miembros de la estructura social, y es el fundamento de la llamada democracia participativa.

El camino emprendido por el Gobierno es peligroso porque contrapone racionalidad económica y voluntad política, conduce al centralismo y enmienda a la totalidad la visión de la España plural que vertebra y da vigor a nuestra Constitución.

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