A Jaume Matas le han ido bien fundamentalmente dos cosas, el trato directo superficial, sin entrar en demasiados detalles ni compromisos y por otro lado, la negociación soterrada y oscura, aquella que nunca sale a la luz de forma nítida porque, con toda probabilidad, tiene algo por esconder. Sin embargo, fruto de este modo de obrar, el expresident y también exministro de Medio Ambiente, se halla ahora frente a un tesitura muy diferente, la de someter, bajo el punto de vista de la responsabilidad penal, un aspecto importante de su actuación a la valoración del pueblo que se ha beneficiado de sus logros y ha padecido sus despropósitos.

Un jurado popular valora desde ayer si Jaume Matas, como sostiene el fiscal, incurrió en cohecho al forzar la contratación de su esposa, Maite Areal, en 2007, como relaciones públicas del Hotel Valparaíso. La primera sesión del juicio ha venido a confirmar que todo sigue siendo confuso. Muy opaco porque siguen predominando las contradicciones, el nerviosismo y alguna evasiva, sin que nada de ello contribuya al discurso razonado o la explicación coherente. Mucho más en las circunstancias laborales, políticas y sociales propias de la época de autos.

En principio, suena bien que una persona demande ayuda o hasta influencia a un amigo para que su cónyuge pueda disponer de trabajo. Los tiempos no están para escatimar o despreciar nada. Pero, cuando entra Jaume Matas en acción, toda adquiere otra dinámica y perspectiva. No queda nada claro por qué o a cambio de qué, Miguel Ramis aceptó contratar a Maite Areal como relaciones públicas del Hotel Valparaíso y hasta si ésta llegó a ejercer su trabajo en los términos que se suele exigir al común de los mortales. Pero existía el acuerdo de abonar 3.000 euros mensuales a la contratada con un pacto reconocido por Ramis y que debía durar hasta el mes de diciembre.

El fiscal intentó aclarar por todos los medios el verdadero calibre de los trámites hechos por la esposa de Matas, pero ésta llegó a admitir que no había logrado cliente alguno. Con lo visto, los congresos celebrados en el Valparaíso por la Fundación Kovacs parecen la principal coartada de la que puede echar mano la defensa.

Matas ha reconocido que solicitó el trabajo para su mujer. Está mucho menos claro el saber en qué términos lo hizo y si todo fue un soborno. El fiscal ha llamado a declarar como testigos a los exconsellers Joan Flaquer, Rosa Puig y Aina Castillo y a Pepote Ballester. Mientras la defensa solicita la prescripción, el ministerio público sigue defendiendo la tesis del contrato ficticio y demanda la devolución de los 42.111 euros cobrados por Maite Areal y una multa diaria de 100 euros para su marido durante tres meses. Al president, esta vez, pese a los esfuerzos para evitarlo, no le ha quedado más remedio que tocar com los pies en el suelo y someterse al criterio del pueblo.