España, y también nuestra comunidad, técnicamente ha salido de la recesión. Para los gurús del gobierno de Bauzá ya estamos en la buena senda y nuestra economía ya navega a buen rumbo con todas sus velas desplegadas. Aunque no podemos relajarnos y debemos seguir con las reformas (léase recortes), especialmente profundizando y ampliando la reforma laboral.

Siguen abiertos interrogantes, aunque hagamos un acto de fé y aceptemos sin rechistar la visión angélica que nos ofrece Bauzá y sus conmilitones. Se supone que el crecimiento económico debe repercutir no solo en la necesaria rentabilidad empresarial, sino también en los ciudadanos. Primer interrogante: ¿cuándo los ciudadanos y sus familias comenzarán a percibir los efectos de la significativa mejoría de nuestra economía? Segundo interrogante: ¿cómo se concretaran, cuantitativa y cualitativamente, en posibilidades reales de acceso a una ocupación estable y con salarios equitativos, en unos servicios públicos de calidad, y en unos niveles de vida dignos€.? Tercer interrogante, consecuencia de los dos anteriores: nuestra actual estructura social, dual y descohesionada, ¿es sólo una consecuencia coyuntural de la crisis, o se consolidará como un modelo estable?

No puede modificarse la grave situación social en unos meses, pero cuanto menos deberían vislumbrarse algunos síntomas de mejora, hoy por hoy no perceptibles, especialmente en la creación de empleo estable. A pesar de los buenos resultados de nuestra actividad económica seguimos instalados en el paro y en la temporalidad/precariedad, en una economía doméstica en apuros, en una clase media en desguace, en un aumento de personas y familias en riesgo de exclusión cuyas necesidades básicas sin cubrir dejamos al albur de Cáritas y ONG. Nuestras empresas, especialmente pimes y autónomos, siguen sin acceso a líneas de crédito racionales.

Además del cuándo, ¿cómo superaremos los ciudadanos la crisis? Bajo la bandera de la imprescindible austeridad y la urgencia de reducir el déficit público, se nos han aplicado fuertes recortes (a unos más que a otros), se nos subido impuestos y tasas (a unos más que a otros), se nos han limitado derechos laborales y cívicos, y otras lindezas. ¿Tales medidas tienen carácter coyuntural, y por lo tanto una vez se va superando la crisis iremos recuperando servicios básicos (sanidad, educación, servicios sociales€)?, o por el contrario ¿nos instalaremos definitivamente en una educación publica de escasa calidad, en el copago sanitario, en unas pensiones con pérdida de poder adquisitivo, mientras se nos "aconseja" que acudamos (los que puedan) a la sanidad privada y a planes de pensiones igualmente privados? Nuestro mercado laboral ¿seguirá instalado en la inestabilidad y en una flexibilidad sin ninguna garantía de seguridad y estabilidad?, ¿seguirán vigentes unos costes laborales (salarios y despidos) bajos y devaluados como imput imprescindible para ser competitivos?

En materia impositiva y fiscal ¿seguiremos apostando, aunque se rebajen, por los impuestos indirectos (IVA€), y no afrontaremos una reforma fiscal donde las personas con mayores recursos aporten proporcionalmente más a las arcas públicas? Según un reciente informe de los técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) en Balears el 20% de los ciudadanos más ricos ingresan en las arcas públicas el 33,1%. El dato contrasta con las rentas declaradas por el 80% restante que, pese a ser un número de contribuyentes cuatro veces superior, acumuló el 67% de los ingresos, lo que, según Gestha, pone de manifiesto la existencia de un alto nivel de desigualdad social y económica en Balears. ¿Cuándo nos decidiremos a una lucha real y eficaz contra el fraude fiscal? Las grandes empresas y grandes fortunas acumulan el 71,8% del fraude en España, lo que supone una pérdida recaudatoria para el Estado de más de 42.000 millones de euros anuales.

No es inevitable que se nos pretenda instalar en una estructura social dual, descohesionada y desestructurada, donde los derechos sean un lujo y la igualdad de oportunidades una utopía€ Balears mejora, pero ¿cuándo y cómo llegaran tales mejoras a los ciudadanos?