La revelación de la existencia de ´listas negras´ de funcionarios y trabajadores de empresas públicas, efectuada por este periódico, no puede saldarse a la ligera, sin dar las explicaciones necesarias o asumir las responsabilidades pertinentes, como está haciendo el Govern, al pasar de puntillas sobre tan grave cuestión. Más allá de los hechos concretos, inadmisibles en sí mismos, estamos ante un modo de obrar pernicioso en su propia naturaleza y que, por tanto, necesita ser cortado de raíz del seno de la administración pública.
Diario de Mallorca ha desvelado que el actual gerente del Institut de Desenvolupament Industrial (IDI) remitió correos electrónicos a su antecesor en los que le ponía al corriente de las tendencias ideológicas, simpatías o afiliaciones políticas y hasta parentescos, de determinados empleados del ente. A partir de ello, le decía, sin rodeos ni paliativos, de quién resultaba prudente fiarse y de quién no.
Después del anuncio inicial de que las cosas serían convenientemente explicadas, el Govern negó la mayor. Afirmó que en la administración autonómica no existen ´listas negras´ y que nadie es promocionado o defenestrado a partir de su tendencia política. Todo habría acabado casi en mera anécdota o exageración de celo administrativo, sin más trascendencia, de no ser por la contundencia de los hechos documentados. Pese a que una puntillosa portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer, afirmó con vehemencia que no se habían tomado ningún tipo de represalias, lo cierto es que tres de las personas aludidas en los correos de Bibiloni figuran entre los despedidos del IDI.
El president Bauzá y el grupo parlamentario del PP que le sustenta han pasado muy a la ligera sobre tal cuestión en el debate del estado de la Comunidad celebrado esta semana. No sólo eso, sino que han vetado todo intento de esclarecimiento por parte de la oposición y se han negado en redondo a la creación de la comisión parlamentaria de investigación solicitada. Antes de deshacer el entuerto, lo han alimentado y hecho crecer. Perjudicial para ellos, para el entramado administrativo de la comunidad autónoma y para los mensajes de transparencia que, inequívocamente, deben transmitirse a la sociedad.
Si a todo ello añadimos todavía que los Presupuestos de 2014 ponen al descubierto cómo, después de una drástica reducción de plantillas y recortes en las empresas públicas, el Govern está desplegando ahora una sigilosa política de reestructuración primando a determinados cargos y puestos directivos, resulta fácil llegar a la conclusión, nada reconfortante, de que las cosas se están haciendo a partir de la preferencia y la conveniencia política. Se buscan y premian fidelidades inquebrantables. La eficacia y operatividad de los servicios públicos, con todas las excepciones que se quiera, queda postergada a un segundo o tercer plano.
Las ´listas negras´, negadas pero reales, resultan inadmisibles, se mire por donde se mire. Su autor, Joan Bibiloni, ha descartado, "en absoluto" presentar su dimisión. Lo más grave es que nadie de su partido se lo ha pedido. Las ´listas negras´, en los términos en que fueron confeccionadas desde el IDI, son pura afrenta a derechos básicos y a la intimidad de las personas. Responden al servilismo y a una concepción viciada de la función pública. También aniquilan de base los principios de igualdad de oportunidades y de acceso al empleo en la Administración, precisamente ahora, cuando el trabajo es bien tan escaso y por ello, preciado. El Govern necesita convencerse de que no sólo no debe ser el patrocinador principal de ´listas negras´, sino que está en la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que éstas puedan volver a reproducirse bajo su amparo.
