Los hechos adquieren una importancia y trascendencia, aparte de por sí mismos, en función de quien los desarrolla y las circunstancias en que lo hace. En consecuencia, el grado de responsabilidad, en lo bueno y en lo malo, alcanza la misma proporción. Esta es la realidad con la que tropieza Jaume Matas en sus esfuerzos por evitar residir en el recinto enrejado de la carretera de Sóller

Está mal acostumbrado. Ha sido juez y parte durante mucho tiempo y en demasiadas ocasiones las cosas se han interpretado siempre a su favor. Nunca ha admitido responsabilidades penales ni mostrado mueca de arrepentimiento por la única condena en firme que a día de hoy pesa sobre sus espaldas: los nueve meses de cárcel por tráfico de influencias al contratar al periodista Antonio Alemany.

Dado que el castigo penal impuesto es inferior a dos años de privación de libertad, existen herramientas legales para que pueda evitar la cárcel. Él mismo ha intentado, sin éxito, conmutar la pena por una multa. La Audiencia Provincial emitió un auto decretando el ingreso en prisión basado en buena parte en que, el también exministro de Medio Ambiente de Aznar, no ha mostrado signo de arrepentimiento ni ha admitido culpa. Todo lo contrario, una rueda de prensa de victimismo y autocomplacencia fue su reacción al saber que el Tribunal Supremo dejaba en 9 meses los 6 años de condena iniciales fijados en Palma.

No han cambiado las circunstancias ni las actitudes. Cuánto llegue a ocurrir con Matas tiene una gran trascendencia pública. En buena lógica, los tribunales quieren evitar la sensación de impunidad de la que el expresident parece creerse acreedor. Pese al éxito conseguido en el Supremo, se antoja difícil que se atiendan los argumentos esgrimidos por la defensa de Matas para evitarle el ingreso en prisión. Si la Audiencia mantiene su pronunciamiento, sólo le quedará la petición de indulto. El mismo fiscal Anticorrupción se ha sumado a la petición de pena carcelaria para el expresident. En cambio, la letrada que ejerce su defensa, insiste en que el tráfico de influencias es una infracción menor y en que la ley no persigue un efecto ejemplarizante. Pero Matas tampoco fue un delincuente común. El cargo que ocupaba llevaba implícita la obligación de dar ejemplo.

El catálogo de presuntas responsabilidades penales sobre el expresident todavía no está completado. Ahora es objeto de una nueva investigación a partir de la denuncia que ha formulado contra él quien formó parte de su secretaría, Juan Francisco Gálvez. Se intenta descifrar el grado de responsabilidad que pudo llegar a tener en la concesión de una indemnización fuera de órbita al antiguo concejal de Calvià, Jesús García Oreo. Sólo le aprobaron 11.903 euros por haber perdido la explotación del camping de La Victòria pero, presionando, presionando, llegó a conseguir 12o.000. Los implicados en el asunto sostienen que las órdenes venían de arriba.