El pasado día 11, el diputado de la CUP -Candidatura de Unidad Popular- David Fernández protagonizó un episodio detestable durante la comparecencia del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a quien insultó y amenazó ante la comisión de investigación del Parlamento catalán sobre las cajas de ahorros. La CUP es una organización ultranacionalista y asamblearia de izquierda radical, cuyo discurso se desprende de la actuación de su diputado más popular en estos momentos. Obviamente, la condición de imputado de Rato no justifica la degradación de la institución parlamentaria

Y el pasado miércoles, día 13, el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, amenazaba desde Bruselas al Estado español con un huelga general de una semana en Cataluña, que paralizase la economía y provocase una situación de crisis en todo el Estado, que disparase la prima de riesgo e hiciese cundir el pánico en nuestros socios comunitarios. El objetivo sería, naturalmente, presionar a Rajoy y obtener así autorización para la consulta soberanista. Esquerra Republicana es también una organización ultranacionalista y asamblearia.

Según "La Vanguardia", la ocurrencia de Junqueras, emitida en una conferencia organizada por la Alianza Libre Europea „el grupo parlamentario nacionalista al que pertenecen ERC, BNG y Aralar, entre otros„, y matizada después para restarle agresividad, "causó desconcierto en Cataluña". El consejero Homs, piadosamente, aseguró que "Cataluña no puede detenerse un dos horas" y lo consideró un 'recurso retórico', el consejero Mas Colell sorteó con diplomacia el disparate de su socio. El PSC lamentó que Junqueras "esté en huelga de la razón" y Foment del Traball no quiso entrar en el fondo del asunto pero declaró que "al mundo empresarial le gusta trabajar en un escenario de impulso de la actividad económica y de crecimiento".

Sucede, y de ahí la preocupación, que CiU ha de caminar de la mano de ERC y de la CUP, organizaciones que aún le serían más imprescindibles para gobernar si hubiera elecciones ahora, a juzgar por las encuestas que se han publicado. Y si hasta el momento Artur Mas y su círculo de confianza han cuidado escrupulosamente de mantener su reivindicación soberanista en el terreno de juego democrático del Estado de Derecho, es manifiesto que las otras formaciones no tienen tantos escrúpulos y están dispuestas a tensar la cuerda de la relación con el Estado hasta más allá de los límites constitucionales, legales, tolerables. De hecho, ERC ha insistido en su disposición a celebrar una consulta popular en cualquier caso, con la autorización que prescribe la Carta Magna o sin ella.

Así las cosas, y puesto que ya se conoce la posición del Gobierno del Estado, Artur Mas debe estar presto a tomar decisiones cuando sea emplazado por ERC. El dilema es bien simple, y forzará al presidente de la Generalitat a situarse en el lado de la legalidad vigente, que CiU ha contribuido a crear desde la fundación del régimen, o a cruzar la raya de la sinrazón y aceptar sumarse a una ruptura de consecuencias imprevisibles.

Los propios catalanes, por su parte, deben ser conscientes de la disyuntiva, porque detrás de la ruptura hay sufrimiento y regresión, motivados por la obstinación de unas facciones que, además de auspiciar la secesión, quieren causar también una gran fractura en la propia sociedad catalana. Entre patriotas y réprobos, entre buenos y malos catalanes. Es, en fin, tiempo de reflexión intensa, sin perder de vista ninguna de las referencias que enclavan la delicada situación actual.