Once años después de la gran catástrofe del Prestige „la sentencia se leyó el miércoles, decimoprimer aniversario del primer SOS que lanzó el buque ante las costas de Finisterre„, la Audiencia de A Coruña cerraba el caso sin depurar responsabilidad alguna; tan sólo imponía una pena simbólica al capitán del navío, Apostolos Mangouras, también víctima de la situación, por desobediencia, al haber remoloneado cuando fue instado a dejarse remolcar para ser trasladado a mar abierto. Con toda evidencia, la débil justicia española incurría así en uno de los más estrepitosos fracasos que se recuerdan, que ha llenado de perplejidad y de preocupación a los afectados y a quienes asistimos al inaudito espectáculo.

El pequeño juzgado de Corcubión que ha instruido el caso durante diez largos años, carente de la dotación de personal y medios necesaria para un caso de tanta envergadura, ha sido incapaz de emplazar a los responsables objetivos del transporte de crudo en un barco monocasco en estado ruinoso abanderado en las Bahamas, que era propiedad de una empresa liberiana, estaba gestionado por la operadora Universe Maritime, había sido asegurado por la británica London P&I Club „la póliza era por un importe de 1.000 millones de dólares„, fue autorizado a navegar por la agencia American Bureau of Shipping (ABS) y había sido fletado por la Crown Resources, de "dudosas funciones" según la propia sentencia. Incluso ha sido imposible, para el tribunal, conocer el destino cierto del barco. Claramente, el viejo petrolero, cargado de un fuel de pésima calidad y altamente contaminante, había sido camuflado administrativamente para que, en caso de ocurrir lo que lamentablemente ocurrió, fuese muy difícil atribuir responsabilidades. Y los facinerosos han conseguido, efectivamente, la total impunidad puesto que el desmán solo les ha costado los 22 M€ que depositó de fianza la aseguradora, dinero que ahora reclamará seguramente a la vista de que no se han encontrado culpables.

La incapacidad del instructor de identificar y localizar a la mayoría de estos responsables directos e indirectos que, cuando menos, hubieran podido ser acusados de gravísima imprudencia y de los consiguientes delitos ecológicos, ha impedido enjuiciarles, pero es difícil de entender que el tribunal juzgador no haya exigido al menos responsabilidades de índole penal a ABS por haber expedido certificado de navegabilidad a un buque en ruinas y responsabilidades civiles a la compañía aseguradora. La inacción, en este caso, ha demostrado que el Estado español ha sido incapaz de procurarse un resarcimiento por haber sido víctima de una exitosa maquinación internacional urdida por la mafia del petróleo.

El resto del proceso es menos relevante. Una vez inevitable la catástrofe, su gestión pudo ser acertada o desacertada „hubo desaciertos flagrantes„ pero de ahí a la existencia de materia delictiva hay un trecho opinable que el tribunal no ha querido recorrer. Lo más penoso es, en fin, la certeza de que el caso ha desbordado a la Justicia española, de que este país ha sido burlado por unos facinerosos y de que la renqueante Justicia, que ha tardado diez años en convocar una vista oral que ha durado nada menos que nueve meses, ha tenido que claudicar abriendo un clamoroso espacio de impunidad que deja en ridículo la soberanía y el Estado de Derecho españoles.