En el último debate de política general celebrado en el Parlament de Catalunya se acordó solicitar con urgencia al Parlamento español que el Estado transfiera a Cataluña la competencia exclusiva para convocar referéndums. La transferencia se haría mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que dice textualmente: "el Estado podrá transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante una ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o de delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado". La propuesta fue aprobada por CiU y ERC, arropados por ICV y la CUP. El PSC, además de, PP y de Ciutadans, se ha quedado al margen de esta iniciativa, que fue elaborada entre otras varias por el Consell Assesor per la Transició Nacional, el organismo que asesora a la Generalitat en el camino hacia la independencia. Las razones por las que se ha optado por solicitar la cesión de la competencia son, esencialmente, que ya figuraba en el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía inicialmente aprobado y se asemeja al procedimiento que se sigue en Escocia para la celebración del referéndum de autodeterminación, bendecido en este caso por Londres.

Una vez tomada la decisión, las fuerzas políticas independentistas dudan del procedimiento: una opción es que el Parlament presente directamente ante las Cortes una proposición de Ley; la otra, que el Parlament apruebe una resolución y la trasladen al Congreso en forma de proposición no de ley los grupos parlamentarios catalanes. La primera fórmula produciría sin duda una gran dilación ya que las formaciones mayoritarias no tendrían ninguna prisa para tramitar la proposición. La segunda daría lugar a una discusión parlamentaria relativamente rápida: los interesados calculan que tendría lugar en febrero o marzo. Aunque todo el mundo se puede imaginar el resultado: la proposición no de ley sería rechazada, con lo que quedaría cegada la vía del artículo 150.2.

Este resultado cerraría la vía política, de la misma manera que el "no" del Parlamento español llevó al archivo el plan Ibarretxe. Con lo que la consulta legal no podrá celebrarse, como siempre ha sido evidente. Conclusión que lleva inexorablemente a preguntar por qué las fuerzas catalanas realizan tan largo rodeo para llegar a ninguna parte. Porque uno no quiere ni pensar que una formación de tanto recorrido como CiU aliente en su imaginación la idea de promover una consulta ilegal si fracasa el intento imposible de celebrarla con las debidas bendiciones.

De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ya salió el martes a recordar, por si alguien lo había olvidado, que la soberanía nacional reside en "todos los españoles" y que "la voluntad para cambiar cómo funciona este país" depende de todos ellos. Ante lo cual el conseller de Presidència y portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, lamentaba poco después que el Gobierno de Rajoy "todavía no ha entendido" qué es lo que pretende hacer el pueblo de Catalunya: "Votar". Sin acabar de ver que en esta Constitución -ni en la francesa, ni en la alemana, etc.-, el derecho de autodeterminación no está reconocido.

En el caso vasco, el "no" al "plan Ibarretxe" produjo una relajación general en Euskadi, cundió una gran calma tras la tormenta y no se volvió a hablar del asunto. Quizá en el caso catalán ocurra otro tanto. Mas debería meditarlo.