Vicente Grande fue, a principios de la década pasada, algo así como el empresario de vanguardia de Mallorca. Con grandilocuencia, verbo fácil y contundente, irrumpió en la escena pública para diversificar y estar presente en grandes operaciones inmobiliarias y ocupar la presidencia del Real Mallorca. Todo era muy rápido, con aparente financiación segura y de semblanza cómoda. Vicente Grande parecía dotado de gracia exclusiva para hacer brotar beneficio de cuanto tocaba o se aproximaba. Después se ha visto que su dorado era producto del oro exento de quilates y al igual que casi todo lo que imita la espuma, crece y se esfuma con la misma rapidez.

La cuestión no hubiera pasado a mayores si Vicente Grande, con las tolerancias y favores de que fue objeto, no hubiera dejado detrás de si un lastro de lesiones para entidades financieras y las empresas que fueron sus proveedores. Grande no puso freno a su ambición. Pero nadie especificó el código ni la velocidad a la que podía circular. Por eso ha dejado tantos accidentes a su paso. Qué se lo pregunten a los bancos o alguna pequeña empresa que ha debido cerrar. También a la Administración que ahora, en parte, se sirve de algunos de sus hombres de confianza para altas tareas de gestión pública.

Parecía saberselas todas para canalizar la rentabilidad hacia su bolsillo. La ley, la norma establecida y los trámites ordinarios importaban menos. Era, sigue siendo, con notables diferencias, Vicente Grande. Le han pillado. Al menos, en parte. El juzgado de lo Penal número 6 de Palma, del que ahora se ocupa la magistrada Margarita Beltrán, le condena por fraude a la Hacienda Pública. Considera que está acreditada la compraventa "irreal y simulada" de un terreno y naves industriales entre la compañía Fagrán y la sociedad Binilenca, con la única finalidad de obtener beneficios fiscales. Todo era irreal. Los hechos se remontan a 2003. Si bien la operación se inscribió en el Registro de la Propiedad, la juez concede una importancia subordinada a esta circunstancia y viene a considerarla un engaño más para burlar al fisco. Vicente Grande es condenado a dos años de cárcel y a una multa de 514.969 euros por un delito contra la Hacienda Pública, con las inhabilitaciones que tal condena lleva pareja y la prohibición de recibir subvenciones oficiales mientras dure la pena.

Es, en pocas palabras, una condena por haber burlado el impuesto de sociedades. Parece un hecho aislado. Formalmente lo es, pero no resulta complicado percatarse que fraudes de este calibre hubieran tenido mayores dificultades de expansión fuera de la atmósfera de corrupción institucional y política que tanto ha proliferado en el archipiélago durante tanto tiempo. Vicente Grande y sus sociedades tuvieron fácil crecimiento -sobre cimientos de barro- porque las condiciones eran propicias para ello. Es un producto de la tierra y de la época, cuyo efecto y consecuencias de su actuación deberá seguir depurándose todavía durante abundante tiempo.