Los Mossos de Esquadra están ganándose aceleradamente una acreditada reputación de policía franquista. Sus actuaciones constituyen un compendio de policía represora, que demasiadas veces trabaja con un notorio desprecio a la dignidad de las personas. En su historial ha habido torturas en comisaría, grabadas por videocámaras, que condujeron al entonces responsable político, el conseller del Interior del Gobierno tripartito de José Montilla, Joan Saura, de Iniciativa, a una situación imposible. Se marchó poco después. También, con el convergente Felip Puig dirigiendo el departamento de Gobernación, la policía a sus órdenes dejó sin un ojo a una mujer. Todavía se aguarda la asunción de responsabilidades. Los agentes de la policía autonómica de Cataluña han cruzado la línea que jamás debe traspasar una policía democrática: provocar presuntamente la muerte de un ciudadano. Es lo sucedido en el barrio barcelonés de El Raval, donde, al ser detenido un empresario y reducido, los golpes que le propinaron le provocaron lesiones de tal gravedad que acabaron con su vida; supuestamente, porque hasta que los tribunales no lo sentencien el condicional es ineludible.
El titular de Gobernación del Gobierno de la Generalitat, Ramón Espadaler, ha protagonizado una actuación repugnante ante las evidencias que ha deparado la investigación de la Policía Nacional. El subordinado del presidente Mas pone en duda la investigación, precisando que de las imágenes, en las que se contempla la brutalidad de los Mossos, no se desprende que le aporrearan la cabeza. Espadaler no ejecutó la inmediata suspensión de los policías implicados. La juez que instruye el caso ha sido mucho más expeditiva: ha procedido a imputar a los ocho policías por diversos delitos, entre ellos los de atentado contra la vida y obstrucción a la justicia. Espadaler, se ha quedado sin más opciones que las de suspenderlos, pero no destituye al director de los Mossos. No asume responsabilidades políticas. El tópico se cumple otra vez: aquí no dimite nadie.
En Cataluña, la reivindicación de una policía propia, del país y democrática, era objetivo prioritario de los partidos nacionalistas. Cuando la obtuvieron, el Gobierno del presidente Jordi Pujol no paró de presionar al Ejecutivo central para acelerar su despliegue y que desapareciera cuanto antes tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, los cuerpos represores del franquismo, a los que en los ambientes nacionalistas pocas veces se les reconoció la transformación que se operó en su seno.
Es cierto que excesos policiales siempre los hay. Es inevitable. Al darse, el gobierno del que dependen actúa casi siempre con contundencia: fuerza la suspensión provisional del policía o los policías implicados a la espera de que la investigación interna, al margen de la judicial, dilucide lo ocurrido. Para Espadaler, de entrada, este protocolo no ha sido necesario, pero sí cuestionar la investigación de la Policía Nacional, y eso que los precedentes de los Mossos aconsejaban medidas drásticas.
Pero ocurre que los Mossos forman parte de la identidad de Cataluña. Actuar contra ellos fractura el frente nacionalista; y esa es una cuestión que no admite discusión: los Mossos, la policía de Cataluña, han de disponer de un blindaje especial. Sucede que la contumacia en el exceso, las torturas y ahora el fallecimiento de un ciudadano reducido por los agentes ha perforado la coraza dejando al descubierto unas actuaciones que son las habituales de cualquier policía al servicio de un régimen autoritario. El Gobierno del presidente Mas se ha visto obligado a hacer lo que no quería, pero sin que se deriven las dimisiones que en esos casos son las adecuadas.
Hubo un ministro del Interior de uno de los gobiernos de Felipe González que dimitió fulminantemente cuando un detenido se fugó en sus narices. Se trataba de Antonio Asunción (ahora cercano al Movimiento Ciudadano) y el prófugo era el que fue director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Asunción asumió de inmediato responsabilidades políticas. Supo cuál era su obligación. Los convergentes Felip Puig y Ramón Espadaler, por hechos sustancialmente más graves que la fuga de Roldán (lo son que muera un detenido y una mujer se quede sin un ojo a causa de actuaciones policiales), no han considerado la posibilidad de la dimisión. El primero cambió de departamento y el segundo realiza unas cínicas declaraciones quitándose el muerto de encima.
A quien se escandalice por comparar los métodos de los Mossos con los de la policía franquista, se le puede recomendar que revise las imágines captadas en una comisaría, en la que los policías catalanes propinan una paliza a una detenida; que vuelvan a ver la detención del empresario del Raval, escuchen sus gritos y observen la contundencia con la que se emplean los agentes y que contemplen el rostro de la mujer que se ha quedado sin un ojo.
Todo ello todavía no ha merecido una purga en toda regla en ese cuerpo policial. No se ha destituido a su director. No se aguardan dimisiones. Son los Mossos de Esquadra.
