Los terribles siniestros de Lampedusa, en los que han perdido la vida centenares de inmigrantes africanos, han movilizado a la Comisión Europea, que, de la mano de la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, ha sugerido algunas iniciativas para abordar un problema que pone en juego el modelo europeo, que, de momento, es el de una gran ciudadela amurallada, inaccesible para los inmigrantes del Tercer Mundo, tanto si intentan acceder por causas socioeconómicas cuanto si lo hacen perseguidos por algún poder inicuo.

El planteamiento de Bruselas se basa en criterios racionales de cooperación: se buscarían acuerdos con países emisores de inmigrantes para que éstos controlen estrictamente sus fronteras a cambio de más flexibilidad para conseguir visados que permitan la inmigración laboral y por motivos de estudios a la Unión Europea. Malmström trata de hacer ver a los países maduros del corazón de Europa que antes o después necesitarán inmigrantes para sostener su actividad económica.

El ejemplo que se invoca para mostrar las ventajas de tal política suele ser el de Marruecos, de cuyas costas ya no salen apenas pateras porque se ha incrementado la vigilancia; a cambio, cada vez más Rabat puede emitir legalmente emigrantes que van a trabajar a Europa. Bruselas pretende extender esta fórmula a otros países más o menos estabilizados del Norte de África como Jordania, Egipto y Túnez. El problema sigue siendo la incontrolable Libia, que es también coladero de flujos africanos que provienen de más al Sur.

La propuesta de la Comisión es sistemáticamente descartada por una mayoría muy relevante de países, que no quieren ni oír hablar de flexibilidad. El debate no prospera en los niveles inferiores de la UE, y difícilmente alcanza por tanto al Consejo de Europeo. Y mientras tanto llegan noticias de incidentes suscitados por la población inmigrante. El caso más resonante estos días sucede en Francia, donde la extrema derecha ha conseguido que la inmigración esté en el debate preelectoral, en vísperas de las elecciones europeas y de las municipales en el país vecino. Francia tiene 65 millones de habitantes de los que sólo 3,8 millones son extranjeros sin nacionalizar y en el que entre 200.000 y 400.000 son inmigrantes irregulares; el Frente Nacional de Marine Le Pen postula la consagración de la llamada "preferencia nacional", la UMP le acompaña para no perder clientes y hasta el Partido Socialista, en el poder, mantiene una política de firmeza, de la mano del ministro Manuel Valls, que se diferencia bien poco de la que mantuvo Sarkozy en la anterior legislatura; el problema candente lo constituyen ahora los ´roms´, los gitanos procedentes de Rumania y Bulgaria, sometidos a constantes expulsiones. El ´caso Leonarda´ -la expulsión de una niña gitana escolarizada a Kosovo- ha producido sonrojo a todos los europeos de buena voluntad.

España, por fortuna, no tiene problemas relacionados con la inmigración, muy bien tolerada por la inmensa mayoría pese a la rapidez con que han entrado aquí numerosos foráneos. Y nuestro país ha de estar permanentemente interesado en la normalización del fenómeno por su posición fronteriza, que en otro tiempo nos ha deparado sobresaltos. Conviene, en fin, hacer pedagogía en las instituciones europeas, que deben ser conscientes de que Europa no puede ser una fortaleza aislada mediante muros inexpugnables: su instalación en un mundo dinámico debe obligarle a aceptar ser penetrada por las influencias exteriores, que nos aportan saludable savia nueva y nos conducen hacia un creativo y rico mestizaje.