Lo más cierto del triste episodio del cierre de RTVV, la radio y televisión autonómicas valencianas, que está a punto de consumarse, es que el Partido Popular creó en dicha comunidad un verdadero monstruo insostenible que en algún momento había de ser sometido a un contraste de racionalidad, aunque no necesariamente tenía que desembocar en la clausura de la entidad.

Muy sucintamente, la historia es ésta: el ente RTVV, contemplado en el Estatuto de Autonomía de 1982 que lo consideraba el instrumento de normalización de la lengua cooficial y el impulsor de la industria audiovisual valenciana, arrancó en 1989. Y cuando el líder popular Eduardo Zaplana llegó a la Generalitat valenciana el 3 de julio de 1995, se encontró una institución bien engrasada que había logrado audiencias del 21% y en la que trabajaban 687 personas; la deuda era de 22 millones de euros y el gasto anual de personal, de 25 millones. Zaplana quiso convertir aquel potente altavoz en el aparato de publicidad y propaganda de su gobierno, para lo cual marginó al aparato existente, cuya lealtad personal no tenía asegurada, y construyó una redacción paralela mediante contrataciones controvertidas y oposiciones muy criticadas; también el ente se fue convirtiendo en el refugio de las redes clientelares y el derroche creció: el gasto de personal pasó de los mencionados 25 millones a 50 cinco años después y a 72 transcurridos diez años. El incremento de plantilla no redundó en un aumento de la producción propia sino al contrario: en 2007, se compraron programas por importe de 57 millones. En aquel año, que fue de la visita del Papa a Valencia, Gürtel hizo su agosto y el entonces director general está imputado por una adjudicación relacionada con aquel evento. En 1999, el gobierno valenciano modificó la ley para liberar a la Generalitat de las deudas de RTVV, y la consecuencia ha sido que el ente está en quiebra técnica desde hace más de una década. El ERE anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se planteó cuando la plantilla era de 1.620 personas y la deuda de 1.126 millones de euros.

La anulación del ERE, por razones de técnica jurídica de gran contundencia, ha sido respondida por el presidente de la Generalitat, Fabra, con el cierre "innegociable" de RTVV porque a su entender, en las actuales apreturas, no se entendería que se desviaran los escasos recursos que se destinan a sostener los grandes servicios públicos a la readmisión de los mil despedidos (unos 40 millones) y al funcionamiento ordinario de la gran mole mediática. Pero el desaguisado ha sido de tal magnitud que constituye una tremenda injusticia que los únicos damnificados en este episodio sean los trabajadores. Cuando menos, los causantes de este gran fracaso, que genera una gran tragedia laboral tras haber engullido grandes caudales de recursos públicos, tienen que ser señalados debidamente, para que asuman personalmente la responsabilidad política que se deriva del desastre.

Y los ciudadanos, que seguramente no acaban de volver en sí de la perplejidad que les habrá producido este espectáculo, tiene que saber que si ellos no asisten vigilantes y con espíritu crítico a la ceremonia política, no podrán impedir estos entuertos que finalmente desembocan en una gran frustración.

La solución inteligente no sería cerrar RTVV sino reconstruirla con unas dimensiones adecuadas y sostenibles. Pero ello requeriría un esfuerzo de imaginación y creatividad que seguramente no serían capaces de asumir quienes habrían de realizarlo. A estas alturas, ya sólo cabe confiar en que cuando se escriba la historia, cada uno quede en el lugar que le corresponde.