Las distintas peticiones de demora penal y beneficio carcelario que se han ido invocando o tramitando para Maria Antònia Munar, han topado siempre con el argumento de una desoladora agenda judicial que no aconsejaba interpretaciones a favor de la expresidenta del Consell y del Parlament. El panorama de los distintos casos penales que le afectan se va concretando y, a medida que adquiere forma, viene a confirmar las tesis de quienes han dictaminado a favor del cumplimiento inmediato de las condenas que ya le afectan. A ella y a sus principales colaboradores dentro de un partido al que ya se le discute tal denominación pero que, en todo caso, fue engullido por su propia egolatría.

Munar continúa batiendo récords. Ninguno de ellos alentador, por desgracia. Ahora se incorpora a la escasa nómina de cargos públicos acusados de estructurar una asociación ilícita bajo la apariencia de partido político. Esa es la condición que concede la fiscalía Anticorrupción a UM, equiparándola de facto con Herri Batasuna, aunque sin el vínculo del terrorismo de por medio. Pero sí de presuntos y preferentes delitos económicos.

El contenido de una pieza separada del caso Voltor lleva a los fiscales a formular una nueva petición de 8 años de prisión para Maria Antònia Munar por asociación ilícita, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Otros 17 cargos de la desaparecida UM, entre los que figuran Miquel Nadal y Francesc Buils, también ya encarcelados, reciben peticiones de condena semejantes al ser considerados miembros o colaboradores necesarios de una trama que, bajo la apariencia de servicio público y trabajo institucional, no hacia otra cosa más que pagar, con fondos del consorcio de informática del Consell, a 29 empleados fantasma entregados a la metodología electoral y a la captación de votos para UM. De este flujo llegaron los buenos resultados para el partido en 2007, una formación que, en términos formales, deberá resucitar momentáneamente para sentarse también en el banquillo y hacer frente a los 430.000 euros que el fiscal le reclama. Esta es la cantidad que se considera desviada mediante tres proyectos públicos del Consorcio de Informática del Consell. Era, dice el demoledor informe del ministerio Público, una estructura jerárquica bien organizada que igualmente se ocupaba de conseguir contratos para simpatizantes y miembros de UM que a su vez escalaban posiciones dentro del partido.

A las perspectivas de juicio por siete nuevas subvenciones a su productora, se suma ahora esta nueva petición contundente de pena para Munar y toda su familia de partido político ,en la que ella jugaba un férreo papel de matriarca. Quien fue alguien en la aniquilada UM también tiene su cuota de carga en las acusaciones del fiscal en el apartado de "asociación ilícita" del caso Voltor. Se incorporaron de forma incondicional a las causas y negocios de la presidenta y ahora, en consecuencia, topan con las mismas imputaciones penales.