Ha pasado tal vez demasiado tiempo desde nuestra última colaboración en este periódico respecto a la situación de la industria del juego en nuestra comunidad autónoma. Y esta tardanza tiene sin duda unos aspectos positivos que en principio son los que hemos de relacionar con la situación económico-política que atravesamos desde el pasado mes de abril de este año hasta este octubre, mes en que se celebra el "día sin juego". Unos meses en los que el cambio del equipo económico y educativo del Govern de les Illes Balears ha sido el elemento definitorio de un nuevo contexto en el cual vamos a enumerar el estado actual de la oferta de juego y de las necesidades de ocio remunerado por parte de los consumidores, sean residentes o turistas.
Hito inicial fue la organización por parte de la revista sectorial "Espai de Joc" de una jornada el 28 de febrero en la que participaron todos los agentes económicos del juego en Balears junto con la administración y donde la Secretaria Autonómica de Promoción Empresarial, la ibicenca Lourdes Cardona anunció la elevación al Parlament de una Ley de juego que en aquellas fechas estaba prácticamente elaborada por los servicios jurídicos de la Comunidad.
Con el cambio en determinadas carteras del Gobierno en el mes de mayo, el juego continúa en la Dirección General de Comercio y Empresa si bien el servicio de juego ha sido integrado dentro del servicio de Promoción Empresarial, siendo la propia Lourdes Cardona la sucesora de César Nuño Pacheco como Directora General de Comercio y Empresa. Pero a fecha de hoy, el nuevo Conseller de Economía y Competitividad, Joaquín García, no ha recibido todavía al sector, sin duda y a mi parecer, a la espera de poder ofrecer la noticia esperada respecto a la elevación al Parlament de la Ley de Juego.
Porque, no olvidemos, que desde la asunción de las competencias sobre el juego en el ya lejano 1.995, somos tristemente la única comunidad del estado español que carece de ley del juego, con toda la problemática de seguridad jurídica que ello conlleva, ya que, a pesar de haberse realizado tres borradores a lo largo de estos años por las distintas fuerzas políticas que han ejercido en gobierno, nunca ha sido el momento adecuado para que el Parlament tratase el tema.
Si los criterios políticos parece que son los que son, nunca será el momento adecuado. Y por ello, se han de cambiar estos criterios. El juego está siempre de actualidad, desde el momento que como industria de ocio, ofrece su presencia, y en el caso del juego privado, su supervivencia. Por ello, tal vez, estamos asistiendo a una excesiva judicialización de las decisiones administrativas que regulan muchos de los aspectos de la actividad, de la cual únicamente en nuestro ordenamiento jurídico autonómico existen más de cincuenta normas en vigor, y todas ellas sin el amparo legal que da una Ley de Juego. Una ley que establezca un marco jurídico adecuado en el que se defina el ámbito de aplicación de la norma, las distintas modalidades de juegos y apuestas y los establecimientos y locales donde se practiquen. Para ello, un aspecto de especial interés en la ley será la manera de regular, dada la importancia del turismo en nuestra economía, a las empresas titulares de las autorizaciones para juegos y apuestas, en donde deberá definirse todo lo referente a sus características, fianzas, calificación profesional y establecer un código de derechos y obligaciones a los usuarios, dentro del marco de juego responsable que se está definiendo en nuestra actividad.
El empresariado, que ha visto reducir su oferta fundamentalmente desde hace años, asiste a una reducción objetiva de los productos de juego que se ofrecen en el campo presencial y a un aumento exponencial de la oferta de juego on-line. Ante esta situación, con la presencia omnipotente de la oferta publicitada del juego público, la industria busca en la normativa reguladora la única posibilidad de competencia y supervivencia: el juego innovador, el desarrollo de nuevos productos enmarcados en unas normas que se están desarrollando a nivel de todo el Estado Español. Fabricantes, comercializadores, operadores y usuarios buscan una regulación de unidad de mercado que signifique la posibilidad de ofrecer nuevos y mejores productos presenciales al consumidor.
Finalmente, hay un proceso paralelo a esta aprobación de la Ley de Juego y es el relativo a la actualización de las diversas normas que con rango reglamentario complementan como ramas el tronco de la ley: la oferta de juegos a desarrollar en casinos, bingos y salas de juego y recreativas; la oferta en los establecimientos de hostelería; los juegos de apuestas de tipo deportivo que no pueden olvidar las carreras de trote balear; las características técnicas de las máquinas de juego en constante evolución innovadora y tecnológica; los derechos y deberes de los operadores de juego y los usuarios, etc.
En un momento en que el traslado y apertura del casino de Calvià a Palma está en continua judicialización, en que la segunda licencia de casino de Palma está en fase de concesión, en que los bingos languidecen y cada vez están más vacíos, en que las máquinas de juego en salones se asfixian por la presión fiscal que soportan, en que cada vez son menos las máquinas de juego en los establecimientos de hostelería, donde la relación comercial entre las partes estas en profunda revisión, en que las apuestas deportivas se normalizan en el resto de España, en que el juego on-line poco a poco va tomando más trozo de pastel del mercado de juego y la oferta de juego público sigue vigente, sin rubor alguno, les decimos: Es hora de la aprobación de la ley del juego y de sus desarrollos reglamentarios para que el sector privado del juego pueda contar con nuevos productos para poder seguir desarrollando su negocio y todos tener la necesaria seguridad jurídica que ampare esta actividad. Queda poco tiempo.
* Consultor empresarial en juego
@miquelangeriera
