Leo con asombro que las actividades económicas no declaradas en España suponen un 28 por ciento del PIB y por esta ocultación la Hacienda Pública deja de recaudar 80.000 millones de euros cada año. Estos son los resultados de un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que fueron divulgados este lunes en la inauguración de un seminario sobre prevención del blanqueo de capitales presidido por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
El problema es de tal cuantía que ya no se le puede administrar el tratamiento propio del fraude fiscal, pensado como una actividad delictiva lógicamente aislada, minoritaria y controlable: ahora sabemos que casi la tercera parte de la actividad económica está fuera de control. O, dicho de otro modo, tenemos constancia de que sólo dos terceras partes de dicha actividad tributan normalmente y sostienen al Estado.
Y ante estas magnitudes, parece evidente que la lucha contra el fraude y contra la economía sumergida requiere un gran pacto social, que abarque no sólo a los partidos sino a toda la colectividad. No podremos construir un país serio y solvente si no resolvemos este derroche disolvente de malicia, de corrosivo egoísmo y de picaresca.
