Cristina de Borbón espera la llamada del juez. Se da por hecho que la imputación formal de la infanta es ya irreversible, pese a las oposiciones y a los obstáculos para que tal circunstancia procesal se produzca. Sin embargo, todo indica que José Castro atribuirá a la duquesa de Palma un presunto delito de blanqueo de capitales. El instructor del caso Nóos pedirá a las partes personadas en el proceso que se pronuncien sobre las últimas pruebas incorporadas a la causa -nuevos informes de la Policía y de Hacienda- y después, en auto o providencia, hará saber su decisión.

No habrá, en todo caso, cambios de posición, con lo que la imputación de la hija mayor del Rey sólo tendrá la adhesión del sindicato Manos Limpias. La representación del Govern es posible que no se pronuncie y se sabe con certeza que no habrá cambio de postura por lo que respecta a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público sigue oponiéndose frontalmente a la imputación de cargos penales a Cristina de Borbón. Sostiene que, aún con los nuevos informes y pruebas, no existen datos trascendentales que permitan atribuir a la infanta un delito relacionado con el blanqueo de dinero, en contra de la firme posición que parece dar pie a la imputación que prepara el instructor. Argumenta además el fiscal que resulta imposible saber si la duquesa de Palma conocía la procedencia, presuntamente ilícita, de los fondos de Aizoon que uso de forma reiterada para sus gastos personales y familiares.

La Agencia Tributaria, por su parte, ha indicado que no se ha cometido delito fiscal y por tanto, sin acusación en este sentido, no se podrá emitir carga procesal de tal apartado. Pero la imputación de la Infanta es esperada. Se da por hecha en medios jurídicos y profesionales. Las mismas declaraciones efectuadas por los defensores llamados por el Rey, Jesús Maria Silva y Miquel Roca, confirman que ya trabajan sobre la tesis de que Cristina de Borbón deberá visitar los juzgados de Vía Alemania de Palma. Será un trámite que no podrá eludir. Otra cosa es la actitud que se le aconseje mantener. Podrá acogerse al derecho de no declarar, tampoco tendrá porqué acusar a su marido Iñaki Urdangarin y, de no producirse vuelco en las acusaciones, no llegará a juicio. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia en el sentido de que no se puede juzgar a nadie a partir de una única acusación particular. Está es la situación con la que topa Cristina de Borbón. Sólo está de acuerdo con que se le exijan responsabilidades el sindicato Manos Limpias.

Pero no será una imputada más de las miles de personas que a diario se encuentran en este trance. Obligar a un miembro preferente a la Familia Real a rendir cuentas en persona ante la Justicia es un trámite que no puede esquivarse si se motiva causa para ello, como resuelve el juez. Pero no deja de ser una sacudida institucional. Constituirá, en todo caso, una prueba de fuego para la efectiva separación de poderes y la puesta en escena de que, bajo ningún pretexto puede haber trato de favor. El objetivo último, en este apartado, sigue siendo el de saber qué pasó con el dinero de Aizoon y con qué intenciones se utilizó.