El expresidente Rodríguez Zapatero, entrevistado el pasado domingo por Ana Pastor, mantuvo una prudencia excesiva en toda su intervención pero deslizó algunas ideas interesantes sobre Cataluña, que marcan probablemente la dirección correcta que habría que seguir para resolver el conflicto.

De entrada, Zapatero sostuvo tajantemente que no habrá una secesión de Cataluña. "Nadie puede hacer algo si no tiene competencias para ello", dijo sobre un eventual referéndum de independencia de Cataluña; y en relación a las consecuencias de una medida unilateral, dijo: "Veremos si merecerá una reacción jurídica o sólo política. Lo que no puede ser no va a suceder, que es una secesión". Pero en otro lugar de la entrevista entró en materia y reclamó abrir un diálogo para reformar la Constitución dando paso a un "proceso de reencuentro" a partir de la "redistribución de competencias, de la identidad y singularidad de comunidades" como la catalana.

Ya en el desarrollo de estas ideas, Zapatero dio a entender que de lo que se trata es de resolver por la vía de la reforma constitucional el desaire de que fue víctima la sociedad catalana al frustrarse la reforma estatutaria que se había elaborado con relevante consenso (aunque con el déficit reconocido de no contar con el apoyo del PP). Con aquella reforma, se pretendió ampliar el marco constitucional -Maragall llegó a decirlo explícitamente- pero el Tribunal Constitucional, requerido después para dar su opinión vinculante, no aceptó aquel procedimiento, que en términos de técnica jurídica era realmente un sinsentido... Y el propio TC dio a entender que, para conseguir lo que los catalanes pretendían, el método adecuado era la reforma constitucional y no la reforma estatutaria.

La pacificación de Cataluña pasa, a medio y largo plazo, por esta decisión, que hoy tropieza con el inconveniente añadido de una gran susceptibilidad del resto del Estado. La desafinada exigencia soberanista del nacionalismo catalán en plena crisis económica ha enardecido a las demás comunidades, que hoy no transigirían con concesiones a Cataluña que trascendieran del plano meramente político y se tradujeran en inequidades económicas.

Así las cosas, no parece posible un reforma constitucional ad hoc para resolver simplemente el problema catalán: la reforma debe extenderse sobre todo el Estado autonómico para racionalizarlo mediante criterios que otorguen a Cataluña una instalación más acogedora, tanto en lo referente a la autonomía financiera „sin cuestionar la medida de la solidaridad„ cuanto en lo que se refiere a la ´soberanía cultural´, concepto que se refiere sobre todo a la utilización de la lengua propia. Se puede utilizar o no el concepto de ´federalismo´ en este desarrollo, pero en todo caso el Estado de las Autonomías resultante de dicha racionalización tendrá cuando menos una apariencia federal, que se consolidará si se avanza en la transformación del Senado en una cámara territorial semejante al Budesrat.

No parece que Rajoy esté por la labor. Y a lo mejor acierta al responder a la actual presión secesionista con el muro de la Carta Magna. Pero antes o después habrá que aceptar la idea de que Cataluña, incómoda en la actual ubicación política, debe ser atendida en lo posible en sus aspiraciones, en virtud del propio principio democrático.