17 de mayo de 2013
17.05.2013
Diario de Mallorca

La financiación de Cataluña

17.05.2013 | 06:30
La financiación de Cataluña

Las comunidades autónomas, en su conjunto, han realizado un gran esfuerzo en 2012 puesto que han pasado de un déficit público del 3,3% al 1,7% del PIB. No todas han mostrado sin embargo idéntico aprovechamiento, y Cataluña, en concreto, concluyó el ejercicio rondando el 2% de déficit. Tampoco han cumplido Valencia (déficit del 3,5%) y Murcia (3%)€ Y el problema se suscita al tener que cuadrar las cuentas de 2013: el objetivo, después de la relajación del límite de la deuda española que será autorizado por Bruselas hasta el 6,3% del PIB, será el 1,2% del PIB, pero la imposición del mismo límite a todas las comunidades autónomas obligaría a las menos austeras a realizar recortes que pondrían en peligro la propia prestación de los servicios públicos esenciales. Así y todo, si a Cataluña se le obliga a cuadrar las cuentas de este año con un déficit del 2%, el recorte habrá de ser de unos 1.600 millones de euros.

Rajoy, forzado por las circunstancias, ya ha anunciado que permitirá un déficit a la carta, que deberán negociar las propias CC AA en el consejo de política fiscal y financiera o que será impuesto por el Ejecutivo central. Montoro, que ha insistido en que en todo caso todos los déficit de 2013 deberán inferiores a los de 2012, ha insinuado que el límite de déficit para Cataluña podrá alcanzar el 2%, es decir, la misma cuantía relativa que el año pasado€ Lo que, si se extiende la tolerancia a las demás comunidades que se han excedido en el gasto, significa que las comunidades que han cumplido la exigencia tendrán que conformarse con un déficit sensiblemente inferior al 1,2%. La inequidad es evidente y Rajoy tendrá dificultades para gestionar el reparto, frente a la resistencia de sus barones territoriales, que no tienen más remedio que defender "lo suyo" si no quieren sufrir la repulsa de sus propios ciudadanos. En concreto, Madrid, Extremadura, Aragón, Galicia y Balears han hecho saber su malestar, pero también están incómodas las comunidades de Castilla-La Mancha, Rioja, etc.

El problema ya sería complejo en condiciones normales, pero en esta ocasión el forcejeo por el déficit se superpone al alarde soberanista catalán, que no sólo es una muestra de deslealtad sino que distorsiona la realidad. Porque desde la Generalitat no se reconoce el marco jurídico político en que se plantea la financiación autonómica y se manifiesta más o menos claramente que la responsabilidad de estas apreturas es del Estado y no de la mala administración de la comunidad catalana. Lo que otorga al forcejeo la apariencia de un verdadero chantaje: o se cede a las pretensiones económicas de Barcelona, o el presión soberanista, ya justificada del todo, se volverá exorbitante.

Parece evidente que Rajoy no tiene más remedio que buscar, en efecto, una solución a la carta que no dejará satisfecho a nadie. Pero ello debería hacerse al mismo tiempo que se imponen criterios claros de lealtad institucional que alejen los equívocos que se están extendiendo y a la vez que se negocian los criterios de una reforma profunda del sistema de financiación, de forma que se acentúe la correlación entre ingresos y gastos de cada autonomía, cuota de solidaridad aparte. Cataluña, o cualquier otra comunidad, debe poder gastar lo que considere adecuado, dentro de ciertos límites constitucionalizados, siempre que se ocupe de recaudar los recursos necesarios. Lo que se echa en falta, en el fondo, es una concepción federal del estado de las autonomías, y ya no es soportable que las regiones no se responsabilicen claramente tanto de lo que gastan como de lo que ingresan.

*Twitter: @Apapell

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