El fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ha manifestado su malestar porque "se use la bandera para defender actividades particulares de cada uno". El representante del ministerio público se refería a unas declaraciones desafortunadas de Oriol Pujol hijo del expresidente de la Generalitat, en las que aquél, secretario general de CDC y probable sucesor un día de Artur Mas al frente de CiU, lanzaba un "confuso mensaje" del que se deducía que la acusación lanzada por el fiscal era una carga de profundidad política, encaminada a minar el proceso soberanista.

De entrada, hay que decir que Oriol Pujol, que trata de escurrir el bulto, no habla a humo de pajas: conviene recordar que las gravísimas acusaciones que se hicieron en papel oficial a Artur Mas y a la familia Pujol durante la última campaña electoral catalana han quedado en nada, por lo que la opinión pública tiene perfecto derecho a pensar que fueron minas políticas sin ningún fundamento sembradas contra el nacionalismo. De aquellos polvos, esparcidos por policías no controlados por el Ministerio del Interior, provienen estos lodos.

Dicho esto, hay que añadir que en Cataluña la corrupción parece tener una entidad al menos semejante a la del resto de España, con la particularidad de que allí parece haberse institucionalizado desde hace mucho tiempo la comisión a porcentaje, una práctica sistemática que en otros lugares solía ser menos recurrente y admitía más improvisaciones. Desde que Maragall mencionara desde la tribuna del Parlamento aquella demoledora invocación al 3%, relaciondo con la larga etapa de gobierno del nacionalismo encabezado por Pujol, se ha ido confirmando que no andaba errado el entonces presidente de la Generalitat. El caso Palau ha resumido a la perfección los trasvases entre las constructoras, el nacionalismo conservador y la burquesía catalanes, pero posteriormente se ha destapado un repertorio curiosos de casos. Tras la condena a UDC en el caso Pallerols, de hace apenas unos días, se han abierto investigaciones sobre Oriol Pujol por el caso ITV „del que habría tenido noticias el consejero de justicia Gordó„, sobre el diputado de CiU y exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, por sus presuntos vínculos con la mafia rusa, y sobre los negocios de Ramón Bagó por la adjudicaciones millonarias del Consorcio de Salud de Cataluña a sus empresas€ Y el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, ha pedido información a la Agencia Tributaria para aclarar si Jordi Pujol hijo se ha acogido a la amnistía fiscal y si percibe como persona física o jurídica rentas fuera de España.

Bien está que Mas haya convocado una "cumbre" anticorrupción, de resultados perfectamente decriptibles, que le ha servido para lamentar que Cataluña no tenga competencias sobre financiación de los partidos. Pero también es urgente que, a la vista del actual despliegue de irregularidades que se advierten en casi todo el arco parlamentario, se desligue la actuación de los órganos jurisdiccionales de la reivindicación soberanista. Argumentar que estas investigaciones pretenden abortar el proceso independentista es tan absurdo como afirmar que el proceso independentista tiene por objeto principal permitir a los políticos catalanes salir de la órbita de control de la Agencia Tributaria española.