Existe una leyenda urbana, con visos de realidad, relativa a un cierto consenso social y político de salvaguardar la figura de Juan Carlos (silencios incluidos), especialmente por su papel en la Transición. Tal situación ha permanecido vigente hasta hace escaso tiempo, pero la sociedad española ha sufrido, y sigue sufriendo, importantes transformaciones. No son escasas las opiniones que consideran que nuestra Constitución necesita una reforma en determinados contenidos para adecuarse a nuestra sociedad del siglo XXI. Los jóvenes que han nacido con nuestra Constitución vigente tienden a ser menos reverentes con el texto constitucional y sus instituciones, incluida la monarquía. Si es cierto que los españoles en general somos más "juancarlistas" que monárquicos, lo que puede implicar que si cae el prestigio social de Juan Carlos, la monarquía puede correr riesgos.
Todo ello está ocurriendo en unos momentos en los que la ciudadanía está alterada, con toda la razón del mundo, por los efectos de la crisis sobre las personas y las familias más vulnerables, incluidas las clases medias. Tal malestar social es tanto más relevante cuando la corrupción parece haber tomado carta de ciudadanía entre la mal denominada clase política, afectando incluso a las instituciones (también a la monarquía).
El penúltimo acto, no se sabe cuándo será el último, la sesión parlamentaria extraordinaria para debatir la presunta corrupción de Bárcenas y cía., con sus 20 millones en Suiza, que ha visto la luz gracias a los medios de comunicación y que parece puede salpicar al propio PP y a personas significadas de la organización por cobros en "negro", e incluso puede poner en jaque a la tan cacareada amnistía fiscal del Gobierno. El debate fue vergonzoso. Rajoy, presidente del Gobierno de España y del PP, parecía jugar a don Tancredo como si el asunto no fuera con él (no hizo ninguna referencia a Bárcenas), mientras la oposición tampoco mostraba una actitud coherente. El pleno se convirtió en un simple pim, pam, pum, dominado por el "tú más". Respecto a la declaración de Rajoy sin permitir preguntas, habrá tiempo de comentarlas. De momento, explicaciones necesarias, pero absolutamente insuficientes.
No son pocos los españolitos que creen que el pacto anticorrupción que el PP propone a los demás partidos puede convertirse en un simple paripé que pretende esconder sus propias inmundicias, y con la promesa de que nunca más van a producirse tales vergonzosos casos se produzca una amnistía de hecho. Y a otra cosa mariposa. La casa real y el rey también están incluidos en este paquete. El rey, con su caza de elefantes y a pesar de que a posteriori pidiera disculpas, comenzó a perder parte de su autoridad moral. Su reacción ante el latrocinio continuado de Urdangarin ha sido y es tardía y escasa. La entrevista con Hermida, se supone que para lavar su imagen, fue penosa. A esto hay que sumar el ambiguo comunicado de hace unos días, retrasando cualquier decisión sobre la imputación del secretario de las infantas y tesorero de Nóos. ¿Cuál será la reacción de la casa real si se llega a imputar a la infanta Cristina tal y como vaticinan prestigiosos juristas? La imagen actual es la de una casa real en Babia, por no decir una casa real bananera.
Mientras, el cabreado y paciente ciudadano lo que exige es que la justicia, jueces y fiscales, actúe con independencia, eficacia y rapidez y que llegue al fondo de los casos abiertos actualmente (y los que pueden aparecer) por corrupción. Y en el ámbito estrictamente político una nueva ley (no una simple reforma de la actual) que regule la financiación de los partidos (causa relevante de la corrupción); una nueva ley electoral; una articulación clara de las incompatibilidades de los gobernantes, los diputados de las distintas instituciones, los cargos de confianza; una ley de transparencia que nos permita conocer fehacientemente el patrimonio de los gobernantes y adláteres, que se hagan públicos y asequibles los contratos públicos y concesiones. No exigimos nada que no esté vigente en países de nuestro entorno de tradición democrática. Lo que puede estar en juego no son simples anécdotas, sino la confianza en nuestras instituciones democráticas.
Siguiendo el ejemplo de otras monarquías parlamentarias, nuestra casa real debe regirse en base a un estatuto, surgido del Parlamento, que regule sus competencias, así como las de sus miembros. Deben regularse con mayor trasparencia sus presupuestos y otras asignaturas pendientes. Si la casa real y sus miembros no saben estar a la altura de las circunstancias mal futuro le veo a la institución, sea con Juan Carlos o con Felipe.
