Arrecia el ruido de fondo policial, judicial y mediático bajo el proceso soberanista de Cataluña. Continúan las "revelaciones" periodísticas, basadas en filtraciones policiales, sobre la fortuna, la vida y los milagros de la familia Pujol sin que se abra un procedimiento explícito y sin que el ministerio del Interior dé explicaciones adecuadas. Se ha producido la destitución del secretario de Estado para la Seguridad, quien manifiestamente no controlaba a sus policías en este asunto, pero todo sigue oscurecido y confuso, a pesar de que han comenzado ciertos movimientos judiciales: el Tribunal Supremo ha remitido un informe de la UDEF al tribunal barcelonés que investiga el caso ITV, en el que Oriol Pujol no ha sido todavía llamado a declarar, el juez Ruz ha tomado declaración este jueves a la expareja de Jordi Pujol Ferrusola sobre unas anteriores manifestaciones comprometedoras para éste, sobre la que la mujer se ha ratificado, y el día 22, Javier de la Rosa comparecerá ante un juez de Madrid para declarar sobre las amenazas que dice haber recibido del entorno de Jordi Pujol tras haber manifestado que el expresidente de la Generalitat tenía cuentes abiertas en Suiza. Nada diáfano, testigos con escasa credibilidad, dudas sobre las verdaderas intenciones de las revelaciones, "periodismo de investigación" escrito en los despachos donde se urden las conspiraciones.

Todo esto sucede en un marco contextual de sospechas fundadas, aunque de momento sin posibilidad alguna de personalización. Parece claro que el "oasis catalán" fue durante años un apacible hontanar en el que bebió irregularmente un sector dominante de la sociedad catalana. Aquella denuncia del 3% de Maragall, tan reveladora, describía en efecto un estado de cosas en que la opulencia facilitaba las corruptelas habituales, con el pretexto de financiar a los partidos y de servir a la patria. El caso Palau, que da consistencia plástica a la relación entre el poder nacionalista y la burguesía y explica el reparto de las comisiones impuestas al tejido empresarial, compendia el colosal negocio que el incipiente soberanismo estaba haciendo bajo el paraguas de los sentimientos nacionales. El populismo romántico preparaba con maneras prosaicas el terreno para el salto independentista.

Estas impresiones, sin duda fundadas, no son sin embargo operativas si no adquieren entidad, si no se solidifican por los procedimientos previstos en el Estado de Derecho. En este país ya no es posible, por fortuna, que las campañas mediáticas basadas en rumores desempeñen un papel decisivo en los equilibrios políticos. Y esta riada de informes acusatorios semioficiales que no tienen padres y que son más propios de una república bananera que de un país europeo tienen que cesar o que convertirse en acusaciones formales del ministerio fiscal si no queremos que la política se degrade hasta la náusea.

Si no se actúa con firmeza en este terreno, si Interior no cambia de estrategia, el efecto puede ser el contrario: cobrará veracidad la especie, ya esparcida con oportunismo por Oriol Pujol, de que estas agresiones se producen para debilitar el independentismo y frustrar el anhelo identitario de la sociedad catalana. Nada justifica que este país se convierta en una ciudad sin ley en que la fama y el prestigio de las personas sea un arma arrojadiza. Y los poderes ejecutivo y judicial deben asumir por entero sus respectivas responsabilidades en este asunto.