El Consejo General del Poder Judicial considera, por amplia mayoría, que la reforma del Código Penal que propone el ministro Gallardón es inconstitucional. En concreto, las dos figuras más polémicas, la prisión permanente revisable „una versión eufemística de la cadena perpetua„ y la custodia de seguridad „una elongación subrepticia de la pena„, no tienen encaje en nuestra Carta Magna ya que la primera es incompatible con la primacía de la idea de reinserción y la segunda afecta a la seguridad jurídica de forma ostensible y clara. Esta opinión es la misma que ha expresado una gran parte del consenso jurídico de este país. A medida que una democracia se consolida y madura, lo lógico es que las normas de convivencia confluyan hacia el centro. Y ahora, cuando nuestra legislación antiterrorista deja de tener la preponderancia de antaño por la razón magnifica de que el terrorismo está a punto de desaparecer, no tiene sentido retorcer el Código Penal hasta sus límites, hasta el borde mismo de la Constitución. En nuestra actual coyuntura no necesitamos al frente de Justicia a un radical como Gallardón sino a un moderado capaz de acomodar con sutileza la ley a la realidad.
