Estas líneas no versan sobre la indecente amnistía fiscal que concluyó ayer y que ha constituido el mayor atentado cometido en años contra la conciencia fiscal de los atribulados ciudadanos de este país. El espectáculo de los más adinerados redimiendo sus trampas por el módico precio de un 10% o acarreando a las oficinas bancarias bolsas repletas de billetes para blanquearlos es tan denigrante que no requiere reflexión ni análisis. Sí, en cambio, quiero llamar la atención sobre un hecho menos vistoso pero igualmente grave, que quizá ha pasado inadvertido para alguno: el segundo indulto concedido por el Gobierno a un grupos de mossos d´esquadra „policías autonómicos catalanes„ que habían torturado gravemente a un ciudadano rumano.

Los hechos ocurrieron en julio de 2006: los agentes confundieron a Lucian P. con el autor de un robo con violencia en un piso; durante la detención, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron de muerte y le insultaron sin identificarse como policías. Durante el traslado a la comisaría de Les Corts de Barcelona, le introdujeron una pistola en la boca para conminarle a confesar. La Audiencia de Barcelona condenó en primera instancia a los mossos Manuel Farré, Jordi Perisse y Joan Salvà a seis años y siete meses de prisión por el trato "cruel en exceso, brutal y salvaje" al ciudadano rumano, y a penas inferiores a un cuarto policía. Tiempo después, el Tribunal Supremo rebajó en un año y diez meses la condena a los tres mossos que habían recibido la pena más alta al considerar que no se daban los requisitos para aplicar el agravante de ensañamiento, que sí había aplicado la Audiencia de Barcelona. El pasado febrero, el Gobierno Rajoy concedió un primer indulto que rebajó la pena de los tres mossos a dos años de cárcel y cambiaba la de inhabilitación por la suspensión. De esta forma, El Ejecutivo pretendía que no ingresaran en prisión (la pena suele suspenderse cuando no supera los dos años y no hay antecedentes) y que pudieran volver al cuerpo policial como si nada hubiera sucedido, pero la Audiencia Provincial de Barcelona, que no había informado favorablemente al indulto „a pesar de que el Gobierno sostiene que en estos casos siempre sigue las tesis del tribunal sentenciador„, acordó el cumplimiento de la pena residual. No satisfecho el Gobierno con este desaire, ha optado este pasado viernes por conceder a los torturadores un segundo indulto en el que se sustituye la pena de prisión por una multa. La impunidad se ha conseguido.

Doscientos jueces han firmado un manifiesto para afear esta conducta "antidemocrática" del Gobierno, que nos ha dejado atónitos, Porque, ¿qué objetivo se persigue salvando de prisión a unos torturadores indignos de ser funcionarios públicos? ¿Qué causa de libertad se apoya con semejante gesto, qué ejemplo se proclama, qué valores se defienden?

Lógicamente, la principal oposición sólo protesta con voz muy tenue porque tampoco puede alardear de integridad moral: hace ahora un año, en noviembre de 2011, en el primer consejo de ministros posterior a las elecciones del 20N, el gobierno de Rodríguez Zapatero indultaba al banquero Alfredo Sáenz, condenado a prisión e inhabilitación por el Tribunal Supremo por presentar una denuncia falsa a sabiendas. ¿Qué oscuros intereses se ocultaron tras aquella incomprensible y detestable decisión?