Esta semana han fluido nuevos datos vinculados al Palacio de Congresos de Palma, en construcción paralizada desde hace tres meses. Ninguno de ellos aporta elementos positivos o con capacidad de desbloquear esta obra faraónica que ha quedado estancada fuera de tiempo y lugar.

La comparecencia del conseller Carlos Delgado ante la comisión de Turismo del Parlament ha permitido saber que el parón en la construcción de la magna infraestructura no es inocuo. Supone un gasto complementario, a las deudas ya acumuladas, de medio millón de euros al mes correspondiente, básicamente, a los costes de mantenimiento y seguridad de los que se sigue haciendo cargo la concesionaria Acciona, una constructora que ya reclama al Govern y al ayuntamiento de Palma, 1,7 millones por gastos de paralización y a la que se deben otros 34 en concepto de obra ejecutada y no pagada.

Las moles del Palacio de Congresos son hoy, antes que cualquier otra cosa, una grieta enorme a través de la cual se desvanecen pérdidas económicas y se inutilizan las inversiones efectuadas. El conseller de Turismo defendía el jueves, en el Parlament, la necesidad de hallar una solución urgente que permita acabar el Palacio. Tal como han quedado las cosas, en estos momentos nadie discute la evidencia de tal premura. Pero no se hace nada para desbloquear tal situación. Tampoco aparece quien se declare con capacidad para hacerlo. El fallido Palacio de Congresos de Palma ha acabado convirtiéndose en la historia de un gran fracaso, un tropiezo mayúsculo compartido en primer lugar, a partes iguales, por el ayuntamiento de Palma y el Govern, pero también por el sector turístico y hotelero en particular ,que debía servirse de la infraestructura. A fin de cuentas, es un fracaso de la sociedad mallorquina, un enorme monumento al despropósito, un claro ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas que, para vergüenza colectiva, se levanta en uno de los espacios más privilegiados y mejor cotizados de la fachada marítima de Palma.

Todo se truncó en el momento en que el grupo Barceló, a principios de 2011, decidió romper y desvincularse de su participación en las obras y de la explotación que se le había concedido. Entonces no quedó otro remedio que convocar un nuevo concurso en el que no pujo nadie -clara muestra de la inoperatividad del proyecto- y en una segunda convocatoria a la baja, el grupo Melià intentó entrar en escena con una inasumible opción que no alcanzaba las condiciones mínimas exigidas. Con 75 millones de obras ejecutadas, faltan otros 33 que nadie quiere o tiene la capacidad de aportar. En estos momentos existe un problema intermedio que lo paraliza todo, no es tanto la explotación como la deuda.

Se reclama mayor sensibilidad, es decir, implicación, al sector hotelero, pero de momento se hace sin éxito. Continuar el Palacio, con causa o sin ella, se hace imposible por el momento y derruirlo se vuelve un escarnio y un despilfarro. La coalición econacionalista encabezada por el PSM, plantea la cesión de las instalaciones a un inversor a cambio de acabar las obras y el PSOE habla de una ejecución discontinua, con aportaciones de quienes más beneficios obtengan, al tiempo de anuncia hipotéticas ventajas para el sector turístico. Tal como estan las cosas, tanto lo uno como lo otro, parecen ser buenos deseos antes que posibilidades efectivas. El conseller Delgado, al tiempo que pide urgencia en la continuidad del proyecto también deja claro que no hay voluntad alguna de aportar más dinero público.

Fracaso. No hay otra palabra para el abortado Palacio de Congresos. Su ejecución ha llegado a destiempo, quizás cuando ya se estilan y resultan más prácticas otro tipo de instalaciones para las convenciones y cuando Mallorca ya tiene locales sobrados para proporcionarlos a quien desee servirse de ellos.