El Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido sumo cuidado en poner de manifiesto desde el primer momento que la subida del IRPF que decretó a su llegada es reversible, aunque, dada la profundidad de la recesión y la previsible lentitud de la salida de la crisis, no será posible eliminar el recargo en 2014 como era su intención. En cambio, los recortes que se están llevando a cabo y otros por venir se enuncian como medidas de racionalización del gasto que no requieren por tanto vuelta atrás. En lo tocante a las pensiones, es ya de dominio público que el Gobierno, que se proclama respetuoso con la legislación vigente al contrario que el anterior, socialista, que las congeló, está proyectando un cambio metodológico de cálculo, la contabilización de toda la vida útil de los jubilados, que reducirá en la práctica las pensiones en un 30%. Gloriosa forma de cumplir la ley.

Dicho en otros términos, la crisis está permitiendo a los gobiernos conservadores europeos, incluido el nuestro, realizar reformas que no hubieran podido llevar a cabo, por la presión social, en épocas de bonanza pero que coinciden con su filosofía del "estado mínimo". Y es natural imaginar que una vez recuperados el pulso y el crecimiento, habrá que abrir un debate, siempre obviado en el pasado, sobre la dimensión del estado de bienestar y la correspondiente presión fiscal necesaria para sostenerlo.

En los tres o cuatro lustros anteriores a la crisis este debate no llegó a producirse porque la burbuja inmobiliaria lo impidió. En efecto, todas las administraciones han disfrutado de grandes flujos de ingresos provenientes directa o indirectamente de la construcción residencial, de forma que los sucesivos gobiernos, de derechas y de izquierdas, pudieron permitirse el lujo de bajar impuestos e incrementar el gasto al mismo tiempo. El PSOE, en concreto, no hizo la debida pedagogía sobre esta cuestión, y se asió irresponsablemente a la frivolidad de reducir la presión fiscal a pesar de que, con construcción y todo, era ya muy difícil poner en pie la Dependencia, aquel cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy puede darse por perdido.

En el futuro, este gran debate sobre la dimensión del estado de bienestar será sin embargo irremisible. La sociedad de este país debe decir con claridad si quiere disfrutar de una educación y una sanidad públicas, gratuitas y de alta calidad en sus tramos obligatorios, o si prefiere mantenerse en zonas sombrías de creciente desigualdad. Igualmente, tendremos que decidir sobre la cuantía de las pensiones, que hoy no son suficientes todavía para garantizar una supervivencia digna y que van a ser pese a ello recortadas (de momento, con la aquiescencia tácita del PSOE, por cierto). Y, por supuesto, también tendremos que tomar decisiones sobre la Dependencia, que en la concepción integral que se pretendía era una magnífica culminación del Estado social y democrático al que muchos aspirábamos.

PP y PSOE tendrán que hacer, en fin, definiciones claras y precisas, como han hecho Obama y Romney por ejemplo en las pasadas elecciones americanas con relación al sistema sanitario. Para entonces, y siquiera por un tiempo, las ideologías tendrán que resucitar para que tome encarnadura el modelo de sociedad que quiera la mayoría de los ciudadanos.