El presupuesto del alcalde Isern para el año que viene se resume en que vamos a seguir pagando más para seguir recibiendo menos. Las circunstancias vienen mal dadas y, contra todo pronóstico razonable, el gasto social se ve reducido en las cuentas municipales (21,91% menos en educación, 8,08% menos en bienestar social). Se confirma el temor de que, un año más, serán los más vulnerables quienes más acusarán el revés de la crisis.
A estas alturas, del dinero previsto para emergencia social en la presente anualidad no se ha gastado ni un euro y solo se ha ejecutado un 45% del dinero presupuestado para ayudas sociales. Una situación inaceptable que sólo se explica desde la ineficacia de una gestión que pretendía bordear la excelencia y de momento sólo muestra desbordamiento.
Además, empezamos a conocer nuevas consecuencias del reiterado mantra conservador de 'mantener todas las prestaciones y servicios sociales a un coste menor'. Es el mantra que martillean en los oídos de cientos de miles de ciudadanos cada día cuando tratan de justificar sus recortes presupuestarios. Se alienta que lo único que de verdad importa es que lo que se haga cueste menos. Da lo mismo que sea mantener las farolas de la ciudad que atender a chavales en riesgo de exclusión social. Por eso la máxima puntuación en los baremos de los concursos públicos la obtiene quien presente la oferta más baja con independencia de la puntuación técnica, es decir, la calidad del servicio. Es el 'todo por la pasta'.
Empresas dedicadas a menesteres tales como la construcción y la limpieza se frotan las manos dispuestas a gestionar programas sociales. No le hacen ningún asco al intrusismo profesional y saben desplegar sus tentáculos a la baja en los concursos públicos.
Tienen en la crisis una coartada y en el ayuntamiento un cómplice necesario. La ley lo permite y el alcalde y sus gestores soplan el viento a su favor con su anhelada austeridad sin límites. En Palma alguna de esas empresas ya ha empezado a ganar concursos públicos para gestionar, por ejemplo, programas de intervención socioeducativa dirigidos a jóvenes en riesgo de exclusión social. Como lo leen: de la construcción y limpieza de edificios a la inserción social de personas, en un abrir y cerrar de ojos.
Que lo permita la ley no significa que sea necesariamente justo ni necesariamente lo mejor o lo que más convenga al conjunto de los ciudadanos. Pensemos si no en el desgarro social de los desahucios. Cambiemos la ley. Esa y cuantas hagan falta para evitar el mercadeo con la vida de las personas.
El año que viene habrá menos dinero aún dedicado a las personas a las que urge atender en Palma. Todos vamos a pagar un IBI más caro (14,7% más que en el año 2011) „que va a seguir encareciéndose en los años venideros„. Todos vamos a pagar un incremento del 3% en las tasas, tarifas y precios públicos municipales. A cambio nos vamos a quedar sin programas de refuerzo escolar para nuestros niños y niñas; sin la escuela de adultos desde la que se ofrecía formación a miles de personas en situación de paro; sin ayudas para los libros de texto (ni siquiera para las rentas más bajas) y, sigan sorprendiéndose, sin partida presupuestaria para la emergencia social.
El compromiso del alcalde Isern de mantener las prestaciones sociales a pesar de los recortes es tan falso como su promesa de congelación de los impuestos con la que consiguió la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que ejerce con absoluta falta de sensibilidad social.
